editorial

Ante otra huelga general

LOS sindicatos mayoritarios y otros colectivos sociales han convocado para el próximo miércoles, 14 de noviembre, una huelga general en protesta por los recortes sociales y la política económica del Gobierno de la nación. De la convocatoria se ha desentendido la organización CSIF, de amplia influencia entre el funcionariado y el sector público. Ésta será la segunda huelga general que se organiza contra el Gobierno de Rajoy en el periodo de diez meses escasos desde que tomó posesión. La huelga tiene un carácter político evidente, ya que supone una enmienda a la totalidad a la política del Ejecutivo por parte de las centrales sindicales, que tratan de encauzar y dar sentido político al indudable malestar generado por la crisis económica y las medidas de ajuste y restricción de las prestaciones sociales con las que el equipo de Rajoy pretende combatirla. Aunque nadie puede negar la perturbación social que supone una movilización de estas características y los perjuicios que provocará en la economía nacional y en la economía de las empresas, se trata del ejercicio de un derecho ciudadano contemplado en la Constitución democrática. Los trabajadores que decidan voluntariamente secundar el llamamiento están, pues, legitimados para hacerlo sin sufrir represalias de ninguna clase, del mismo modo que aquellos otros que decidan acudir a sus puestos de trabajo, con idéntica legitimidad, no deben ser coaccionados, violentados ni estorbados en el ejercicio de sus derechos. Este principio ha de ser respetado por todos. Están de más, aparte de ser ilegales, los piquetes violentos que con frecuencia actúan en sectores estratégicos como los transportes, mercados, hostelería y comercio. Su hipotético éxito sería engañoso en la medida en que destruiría el requisito básico de cualquier convocatoria de huelga general, que es la voluntariedad en la participación. Mención aparte merece la postura adoptada por los dos partidos que gobiernan la Junta de Andalucía, PSOE e IU, que han aplazado el Pleno del Parlamento previsto para el 14-N. En el caso de IU, sus consejeros y alcaldes se han sumado directamente a la huelga, con olvido de sus deberes institucionales. Participan en una operación política que es la que menos conviene al interés de España en esta coyuntura dramática.

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