UNA de las salas de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha dado un viaje a la reordenación del sector público decidida por la Junta que muchos funcionarios estimaron lesiva para sus intereses por abrir una vía para "enchufar" a veinte mil trabajadores de las empresas públicas reestructuradas por ley.

La ley, que primero fue decreto, se ha revelado como el mayor error político de la Administración Griñán, originando la más amplia movilización de funcionarios que se recuerda y varias decenas de recursos ante los tribunales, basados en la idea de que la Junta pretendía convertir en funcionarios a personal que previamente había ido contratando sin respetar los principios rectores del acceso al empleo público (publicidad, mérito y capacidad).

Uno de esos recursos, formulado por la asociación de empleados públicos Al Ándalus, se refería en concreto a la integración -mediante decreto en aplicación de la ley citada- de 534 trabajadores del antiguo Instituto Andaluz de las Artes y las Letras en la nueva Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Se pedía la nulidad de esta integración, nulidad que ha decretado en su sentencia el TSJA. Pero más significativas y trascendentes que la propia anulación son las razones argüidas por el tribunal, auténtico torpedo para la filosofía que inspiró a la Junta en su reordenación del sector público, que decía perseguir, por cierto, una mayor racionalización y austeridad.

Para el TSJA, el instrumento elegido por el Gobierno andaluz en el caso de estos empleados del sector cultural supuso una "flagrante vulneración de derechos fundamentales", al permitir a este colectivo un acceso privilegiado a las potestades y funciones públicas que destruye el principio de igualdad al que han de someterse el resto de los ciudadanos que podrían aspirar a lo mismo. Por si fuera poco, la sentencia estima también que esta práctica significa ir más allá de la simple huida, por parte del Gobierno andaluz, del Derecho Administrativo: un desprecio al Estado de Derecho, una de las acusaciones más graves que se le puede hacer a una institución nacida en su seno y amparada por su sombra legitimadora.

No sé si esta resolución del Tribunal Superior será el principio de un rosario de sentencias en los mismos términos. Cabe deducirlo del hecho de que los decretos y protocolos de integración de los contratados de la Junta en las nuevas agencias públicas son similares y que todos ellos han sido también objetos de recurso. Si así fuera, el Gobierno andaluz habría hecho un pan como unas hostias en su pregonada reestructuración del sector público. Pregonada y muy necesaria, pero tal vez mal hecha.