AL amparo de la herencia recibida -el déficit público será del 8% del PIB al acabar el año en lugar del 6% previsto por Zapatero-, el Gobierno ha metido un tijeretazo superior al anunciado en cuanto al gasto y lo ha complementado con una subida de impuestos que no estaba en el guión.

Los recortes que estaban cantados se confirmaron, desde la congelación de sueldo de los funcionarios y la no reposición -salvo excepciones- de los empleos públicos que queden vacantes hasta la no subida del salario mínimo interprofesional (es la primera vez que esto ocurre desde que se implantó). Los pensionistas pierden también poder adquisitivo, ya que el aumento, del 1% de media no alcanza a cubrir el incremento del coste de la vida (IPC) durante el año que acaba.

Pero las tijeras no se han detenido ahí. Se aplicarán igualmente a dos de las medidas estrella del Gobierno anterior. Por un lado, la renta básica de emancipación que ayuda a los jóvenes en el alquiler de sus viviendas quedará limitada a una especie de numerus clausus, recibiéndola sólo los que ya la perciben y ni un nuevo solicitante más. Por otro, tampoco se admitirán nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia, medida que se ha presentado como obligada por el propósito de no disminuir las ayudas a las personas dependientes ya reconocidas. Unos recortes sociales a futuro, pues, que no afectarán a los ciudadanos que se acogieron a las prestaciones con anterioridad. En este terreno la compensación ideada por los nuevos gobernantes viene de la mano de la caída del 20% en altos cargos y en subvenciones a partidos, sindicatos y patronal (una de las medidas más populares, según se constataba ayer mismo en las redes sociales). También responde a cierta sensibilidad social el mantenimiento de los 400 euros a los parados que hayan agotado el subsidio.

Aunque Rajoy se repitió hasta la saciedad en proclamar que no contemplaba ninguna subida de impuestos, nadie le creyó, y con razón. La realidad ha impuesto su ley inexorable: no sólo hace falta gastar menos, también es preciso ingresar más. Ha sido la sorpresa del Consejo de Ministros. Habrá "recargo temporal de solidaridad" -gran eufemismo- en el IRPF, aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles (la contribución urbana, vamos) y fin de la bonificación al gasóleo profesional. Dos años como mínimo. Como fue habitual con Zapatero, las clases medias asalariadas sufrirán más que las rentas del capital. Como compensación, se mantiene el IVA superreducido para la compra de vivienda y se recupera la deducción fiscal por la vivienda en propiedad.

En fin, malos tiempos para el bolsillo de los españoles, algunos signos de reparto de los sacrificios y la esperanza de que sea para bien.