SI algo pone de relieve la crisis económica es quién sufre sus consecuencias con menos recursos para hacerle frente. No cabe duda que el paro es la manifestación más cruel de la situación que vivimos, y que cuestiones como la deuda pública, los movimientos especulativos en los mercados, la falta de crédito, los estímulos a la economía y las reformas laborales, el conocimiento y la tecnología, tienen importancia en cuanto contribuyan a aumentar o reducir el desempleo. Los efectos de las medidas que pueden tomarse son inciertos, porque los problemas que padecemos no se identifican con una sola causa concreta, y ni siquiera sabemos si tienen solución y a qué plazo.

El Gobierno de España ha adoptado medidas, al igual que algunas comunidades autónomas (aunque no ocurre lo mismo con la administración local que continúa gastando y endeudándose como si nada ocurriera), con un fuerte componente social para mantener el consumo y evitar que los más desfavorecidos se encuentren en un completo desamparo. Sin embargo, no se ha actuado con igual firmeza para proporcionar liquidez y crédito a las empresas, intervenir en el sector de la vivienda, o llevar a todas las administraciones públicas, y al país, la idea de que es necesario un esfuerzo de austeridad y un mejor funcionamiento en nuestro trabajo diario.

En el ámbito europeo ha destacado la intervención decisiva del Banco Central Europeo, bajando tipos de interés, dando liquidez, y salvando la situación. Y el Parlamento Europeo trabaja para encontrar soluciones a problemas como el de la deuda. La semana pasada la europarlamentaria Magdalena Álvarez, en una conferencia en la Facultad de Económicas de Málaga, explicaba las nuevas figuras fiscales europeas para proyectos propios comunitarios, gravar el excesivo movimiento internacional de capitales, o penalizar la contaminación del medioambiente. En su iniciativa contra el fraude fiscal, que se estima en unos 200.000 millones de euros, destacó la nueva colaboración europea en la ejecución de los cobros y una mayor transparencia e información al levantarse el secreto bancario. Esto supondrá poder recaudar más y aliviar algo la situación económica, favorecer la competencia, y avanzar hacia una mayor justicia en la contribución a las cosas comunes.

Estoy leyendo el libro del Premio Nobel de Economía Amartya Sen: La idea de justicia, tal vez el más importante sobre el tema desde que John Rawls publicara en 1971 Una teoría de la justicia. Sen plantea la necesidad urgente, en nuestro mundo, no de una teoría sobre cómo conseguir un estado e instituciones idealmente justas, a través de consensos o contratos sociales, sino una teoría que nos de criterios para tomar decisiones cuando nos estamos desviando hacia situaciones de profunda injusticia. Las iniciativas fiscales europeas son justas; y las medidas del gobierno para mitigar los efectos de la crisis sobre los más débiles, también. Sin embargo, las heridas del deterioro económico requieren acciones drásticas, con las que algunos, quizás muchos, estarán en desacuerdo, y que incluso pueden resultar equivocadas, pero que son absolutamente necesarias para responder a las desviaciones graves que hoy sufre la idea de justicia.