LA transparencia en la adjudicación de los contratos públicos y la igualdad de oportunidades para aspirar a los mismos son dos requisitos indispensables en el funcionamiento de un Estado democrático. Lo contrario es terreno abonado para la arbitrariedad y la corrupción, quebrando la seguridad jurídica a la que tiene derecho cualquier ciudadano para intentar prosperar como agente económico. Demasiado instalada está la cultura del chanchullo y el precocinado en los concursos convocados por las diversas administraciones públicas. Hasta el punto de que el Colegio de Arquitectos de Sevilla ha demostrado la reiterada fractura de la legalidad. Ha analizado las licitaciones de 2005 a 2009 en Sevilla y provincia y su conclusión es rotunda: la mayor parte están teledirigidos.

A la misma conclusión se llega en otros ámbitos profesionales. Por eso hay productoras pata negra, empresas satélite de la Junta o de la CEA, privilegiadas organizadoras de eventos o de campañas de publicidad y toda una red de tráfico de influencias para vivir de los contratos sin competir. Es una de las razones estructurales de la falta de innovación y espíritu emprendedor en nuestra sociedad. Es un auténtico héroe quien sobrevive compitiendo contra la maraña de clientelismo que le tapona, le corta las alas y le intenta aburrir para que tire la toalla.

El Colegio de Arquitectos arroja más luz sobre la inmoralidad campante cuando revela que la Junta de Andalucía no ha estimado, en cinco años, ni uno de los recursos presentados para denunciar posibles triquiñuelas en la adjudicación de concursos. Y la mayor parte no han sido ni contestados, fueron a la papelera por la vía del silencio administrativo. Es el doble rasero: procedimientos de urgencia para que sólo puedan presentar proyectos potentes quienes están avisados de antemano, y procedimientos de dormir las reclamaciones en el engranaje burocrático para que los beneficiados queden blindados ante cualquier competidor. Todo para unos, nada para el resto.