VIENE la fantasiosa Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía que nos presenta Griñán para el año 2012, una vez más, cargadita, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos; aunque, en la práctica, no es que tenga mucha trascendencia, a estas alturas del partido, lo que esta ley diga, ya que no pasa de ser un nuevo brindis al sol del presidente, que sólo servirá para que los historiadores, en el futuro, puedan acreditar de un modo indubitado el grado de desconexión que los gobernantes andaluces han tenido durante estos años con la realidad en cuya administración han fracasado.

Y digo que viene cargadita porque, en un contexto de caída a plomo de la recaudación fiscal y de depresión económica generalizada, contempla una subida impositiva global de 227 millones de euros -supongo que para pagar una parte de los 348 millones que, más o menos, quieren gastar de más el año que viene- que saldrán, al menos en la imaginación de Griñán, de la subida de cinco impuestos; si bien esta subida -palabra de nuestro presidente, que no se cansa nunca de dar confianza y seguridad a los inversores- parece que afectará solamente a "los que más tienen, los que más ganan, los que más heredan", a quienes se empeña, no sé muy bien por qué, en castigar siempre en época electoral, cuando son precisamente ellos los que tienen una mayor capacidad tanto para generar riqueza como para decidir dónde se crean empresas y dónde se cierran.

En el apartado de gastos, resulta sorprendente sobre todo que, también un año más, se incremente el dinero que la Junta destina a operaciones corrientes, debido principalmente al aumento de los gastos de personal y a ese llamativo proceso de reordenación del sector público andaluz que, paradójicamente, se nos vendió en su día como un instrumento de ahorro para combatir la crisis, y que ahora, pasados los meses, no sólo nos cuesta bastante más, sino que no para de ser censurado por los tribunales.

No deja de tener guasa, en cualquier caso, que mientras que el resto de España, sin excepciones, se remanga y aprieta los dientes para hacer frente al desmoronamiento económico general, el ejecutivo andaluz, con 1.200.000 parados en su debe, presente un presupuesto expansivo del gasto corriente -que no de la inversión-, para continuar disfrutando del balneario mientras dure, y que rema exactamente en la dirección opuesta del que será para todos, sin duda, el objetivo nacional de los próximos años: la pertenencia al núcleo central del euro, nuestra única tabla de salvación frente a la crisis.

En el apartado impositivo, tenemos en este "presupuesto-ficción" de tó: impuestos autonómicos creados por Griñán a su imagen y semejanza y que, mayormente, sólo existen aquí; impuestos estatales cedidos totalmente en su normación, gestión y recaudación; impuestos estatales cedidos parcialmente en su normación y recaudación e impuestos estatales cedidos parcialmente sólo en cuanto a su recaudación.

Un esquema impositivo de locos que casi nadie entiende, ineficiente, difícil de gestionar desde un punto de vista técnico, muy costoso desde la perspectiva de la economía de su gestión, y absolutamente irracional en su diseño, producto, más que de una adecuada reflexión intelectual, de los parches que día a día se han ido poniendo por unos y otros para dar respuesta, en cada momento, a las exigencias de los distintos territorios y de los diferentes partidos.

Por todo ello, tendremos que acometer su reforma en profundidad en los próximos años, para crear unas bases sólidas sobre las que se asiente la recuperación económica; una modificación que deberá realizarse inexcusablemente al compás de la de la financiación autonómica, si queremos resolver, de una vez por todas, el grave problema que hasta ahora ha representado para España la desarmonía que, a todas luces, existe entre nuestro sistema impositivo y el régimen de financiación de nuestras Autonomías.

Y la reforma deberá transitar, a mi juicio, por la senda de la simplificación, de la autonomía, de la competencia, de la igualdad y de la verdadera responsabilidad fiscal.

Necesitamos impuestos más fáciles de comprender, más sencillos de gestionar y más baratos de recaudar. Necesitamos que cada palo aguante su vela, lo que en esta materia significa que cada Administración tenga sus propios impuestos, que no los comparta con nadie, y que sea absolutamente responsable de su regulación, gestión y recaudación, para que los ciudadanos sepan en cada momento a quién pedir cuentas del cuánto se les reclama, del cómo se les exige y de su rentabilidad social. Necesitamos, en fin, dentro del máximo respeto al principio de unidad de mercado, igualdad entre territorios -sin pactos, convenios o conciertos- y competencia fiscal entre ellos, para que la fiscalidad actúe no sólo como instrumento de financiación de políticas sociales sino también como elemento de eficiencia que dinamice y economice la actividad administrativa.