La BMI que prometió Juanma Moreno en la campaña andaluza empezó a ser una realidad el martes pasado. Los impuestos que dependen de la Junta de Andalucía bajan. Es casi lo único positivo de la reducción de la presión fiscal impulsada por el Gobierno bipartito PP-Cs: que han cumplido su compromiso electoral. Lo habitual en materia de impuestos es que todos mientan. Los que prometen bajarlos acaban subiéndolos y los que dicen que los mantendrán cuando gobiernen los suben igualmente.

Bueno, la bajada también tiene otras cosas buenas desde el punto de vista social. Las principales son la disminución del IRPF para los tramos de renta más bajos, el tratamiento más favorable de las donaciones y los beneficios fiscales para las familias numerosas y autónomos. Pero la reforma fiscal del centroderecha andaluz no puede desprenderse de cierto sesgo clasista, presente en el citado IRPF (¿por qué los que ingresen más de 120.000 euros anuales verán rebajarse su tipo de cotización en tres puntos a lo largo de la legislatura y los que ingresan menos de 12.450 en sólo medio punto?) o en la práctica exoneración del pago del impuesto de Sucesiones a quienes heredan más de un millón de euros, que son unos cientos de andaluces al año. No son medidas ciertamente populares.

Las bajadas de impuestos en las sociedades desarrolladas contemporáneas siempre suscitan dos tipos de preocupaciones. Una deriva del hecho de que no se puede cuantificar en qué medida cumplen el objetivo que le asignan quienes los bajan: impulsar la actividad económica. El argumentario es sabido. Si se pagan menos impuestos, el dinero queda en manos de los ciudadanos (sí: ¡de los que lo tienen!, diríamos con sarcasmo), hay más ahorro y más inversión, se crean más puestos de trabajo y con más empleo aumentan los ingresos de Hacienda. Pero este beneficio colectivo no hay manera de medirlo con carácter previo. Eso sí ayudaría a respaldar las rebajas fiscales.

La otra preocupación, conectada con la anterior, se refiere a la primera consecuencia de la reducción impositiva: la caída de la recaudación (150 millones solamente en el IRPF). Si no se compensa con esos ingresos esperados de la recuperación económica, ¿cómo van a cuadrarse las cuentas? El temor es a que se cuadren a base de reducir los gastos y el gran miedo es a que se cuadren con recortes en las prestaciones sociales. Lo último que estamos dispuestos a aceptar.