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Pilar / cernuda

La impugnación

LA Abogacía del Estado ha presentado la impugnación a la consulta soberanista catalana, tal como había anunciado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Al menos en este punto Mariano Rajoy ha cumplido su compromiso, no permitirá ninguna iniciativa que ponga en riesgo la unidad de España, y al menos en este asunto sabe que cuenta con el apoyo incuestionable del líder de la oposición. Tanto cuenta con él que Rubalcaba no ha dudado en poner en riesgo el maridaje del PSOE con el PSC, e incluso su propia supervivencia como secretario general, en defensa de la unidad de España. No se trata de un deseo de dar una nueva dimensión a su relación con el presidente de Gobierno: el líder de la oposición ha demostrado sobradamente su españolidad y su defensa a ultranza de los intereses de España.

La impugnación va a ser utilizada por los secesionistas para insistir en el eslogan "España nos roba" que tanto ha calado en la sociedad catalana. Y provocará que se escuchen aún con más frecuencia las voces de los que abogan por tender puentes entre Cataluña y el resto de España, potenciar el diálogo, serenar los ánimos y poner sosiego en las conversaciones entre Rajoy y Artur Mas. Tienen razón en sus llamamientos a la calma, pero tendrían que insistir sobre todo en el lado catalán, donde se ve a Artur Mas cada vez más echado al monte y a Esquerra avanzando peligrosamente hasta el punto de que podría convertirse en primera fuerza en unas próximas elecciones, que es la peor noticia que se podía escuchar porque tanto los socialistas como los populares pierden fuelle. Afortunadamente queda un partido pujante como referencia de los no independentistas, Ciutadans, que ha incrementado de forma espectacular su voto y cuenta con un líder, Albert Rivera, que habla claro y sabe bandearse muy bien en las revueltas aguas catalanas.

El Gobierno ha hecho bien en impugnar la consulta, que no tiene nada que ver con el derecho a expresar opinión, como dicen los nacionalistas e independentistas -y también la mayoría de los socialistas del PSC-, sino que significa nada menos que dar luz verde a que se inicie un proceso de escisión, además de suponer una ilegalidad en toda regla. Se trata de una iniciativa que rompería España en mil pedazos porque si los catalanes tienen su consulta surgirán autonomías y municipios de historial rebelde que también la querrían. Por no mencionar que cualquier decisión respecto al futuro de Cataluña debe ser consultada también con el resto de los españoles.

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