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EL Consejo General del Poder Judicial -órgano de gobierno de la Justicia española- ha criticado las injerencias políticas en la labor de los jueces y magistrados. El Consejo ha pedido públicamente "el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales", y lo ha hecho tras conocerse el pronunciamiento del presidente del Gobierno a favor de Baltasar Garzón, cuyo destino se dispone a fijar el Tribunal Supremo tras admitir tres querellas en su contra, y las manifestaciones del ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela vinculando con el franquismo y el PP aznarista al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga las presuntas relaciones del Gobierno venezolano con terroristas de ETA. Aunque el propio Consejo del Poder Judicial deja mucho que desear en materia de independencia, ya que sus miembros actúan en ocasiones como si fueran portavoces de los grupos políticos que los propusieron como consejeros, su llamamiento es oportuno en estos momentos en que la función jurisdiccional de la Justicia se ve enturbiada por el tipo de manifestaciones aludidas, expresivas de un intento de presionar a los órganos judiciales acerca de resoluciones inminentes que afectan a la suerte de un magistrado por muchas razones extraordinario y al trabajo de otro en relación con el terrorismo que sufre la sociedad española desde hace cuarenta años. Hay que dejar entera libertad al Supremo para pronunciarse sobre las querellas contra Garzón y al Consejo mismo sobre las eventuales medidas disciplinarias a adoptar con respecto al mediático juez, como hay que respaldar la actuación del juez Velasco en un asunto que afecta a la dignidad nacional y rechazar los insultos procedentes del régimen bolivariano. Son dos casos distintos y distantes en cuanto a su contenido, pero que tienen en común el riesgo de que la independencia de los jueces, que es un valor intrínseco del sistema democrático, se vea minusvalorada o entorpecida. En el futuro, el propio Consejo General del Poder Judicial deberá replantear su funcionamiento y su relación con los otros poderes del Estado.

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