RESPALDADA en su posición por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción -aunque reconvenida por no haber planteado la consulta en cuanto la Junta impugnó su auto-, la juez Mercedes Alaya dispone ya de todas las actas de todos los consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrados entre 2001 y 2010. Su análisis le permitirá avanzar notablemente en la investigación que tiene encomendada sobre el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE), en cuya tramitación se benefició con ayudas públicas a varias decenas de intrusos que no tenían derecho a ellas por no haber trabajado en las empresas cuyas regulaciones de empleo fueron subvencionadas. La causa avanzará de manera especial en un aspecto políticamente muy significativo: el grado de conocimiento que los miembros del Gobierno andaluz pudieran haber tenido de estos ERE fraudulentos y de las advertencias de la Intervención General acerca de las irregularidades con las que estaban siendo tramitadas. El estado actual de las indagaciones sugiere que el núcleo de la trama corrupta giraba en torno a la Dirección General de Trabajo, cuyo titular aparece en el centro de las gestiones que permitieron favorecer ilícitamente a personas del entorno familiar o político del poder y a empresas también relacionadas con él por militancia, amistad o vecindad. Todo ello, lógicamente, supeditado por ahora al principio de la presunción de inocencia, aunque los testimonios de los intrusos coinciden en la misma diana y perfilan un panorama en el que la cultura de la subvención y el subsidio y la mentalidad picaresca más tradicional se dan la mano. Por otra parte, la continuidad en el tiempo de estas prácticas, que se prolongaron durante los mandatos de dos consejeros, y su extensión a numerosos casos -no a todos los ERE, ni siquiera a la mayoría, como se ha difundido frívolamente- conducen a la evidencia de que existe una responsabilidad política ineludible, por acción o por omisión, en las irregularidades perpetradas. Independientemente de las implicaciones penales que el caso ERE lleve consigo para las personas concretas que hayan podido delinquir, este escándalo ha acabado marcando el final de la legislatura y subrayado los aspectos más negativos de la larga gestión de los socialistas al frente de la Junta de Andalucía. La instrucción de la juez y el veredicto de las urnas determinarán hasta qué punto.