UNO de los signos más evidentes de la profunda irrelevancia ideológica e inoperancia política que ha alcanzado nuestra insólita izquierda carpetovetónica lo ofrecen sus posiciones en materia de educación. Otro, no menos revelador, sus estrafalarias relaciones con los nacionalismos identitarios. En España disfrutamos de algo no tan raro como parece: una izquierda profundamente reaccionaria, hasta el punto de que ser progresista en nuestro país ha terminado resultando incompatible con ser de izquierdas.

A nuestra izquierda no sólo le debemos ese monstruo de Frankenstein que es nuestro inoperante sistema educativo, sino una insistente pedagogía de disolución democrática cuyo logro más reciente ha sido una generación de españoles que considera que las herencias de la Transición y la Constitución de 1978 son los mayores obstáculos para la consecución de ese engendro sin perfiles al que se refieren con la soberbia expresión de "democracia real".

Con tal de no ponerse detrás de la bandera de la nación, entendiendo por tal el noble sentido que este término adopta a partir de la Revolución Francesa, la izquierda de nuestro país ha preferido confabularse con las ideologías más reaccionarias y aberrantes. El gran triunfo de los logreros del nacionalismo, esa ideología de la chusma, no se deriva tanto de su propia fuerza para conmover los sentimientos más bajos y serviles del hombre-masa, como de la cobertura de legitimación política e, incluso, moral que le han prestado la derecha, por pasiva, y la izquierda, por activa. Aún hoy, con un órdago inasumible que afecta directamente a las bases de nuestra convivencia democrática, la izquierda mediática, con su buque insignia a la cabeza, insiste en señalar como preocupante, no ya las clamorosas vulneraciones de la ley de los etnicismos periféricos, sino cualquier acción, por tímida que sea, que plantee el Estado para oponerse al virtual estado de impunidad en el que se han acostumbrado a vivir los pícaros del nacionalismo.

Teniendo en cuenta todo esto, uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos en esta hora decisiva de nuestro sistema de libertades, no son tanto las grotescas manifestaciones de fuerza de los segregacionistas, sino el hecho de que una izquierda sin el más mínimo sentido del Estado y cuya única obsesión consiste en diferenciarse de la derecha precisamente en aquellos asuntos en los que ambas más debían parecerse, ni esté ni se le espere. No creo que ni los más avezados psicoanalistas pudieran explicar la extraña fascinación que los nacionalismos disolventes ejercen sobre el imaginario político de nuestra izquierda, a menos que la inscribieran en una deriva de autodisolución nihilista dispuesta a abrazarse a cualquier apariencia de discurso contestatario con tal de ocultar la evidencia de su inanidad teórica.

Reducida, por emplear la expresión de Lenin, a ser poco menos que el tonto útil del soberanismo (única utilidad, por cierto, que puede reconocérsele a quienes se han demostrado completamente inútiles para todo lo demás), la última ocurrencia de sus prebostes consiste ahora en reformar la Constitución para seguir buscando encaje a quienes no buscan otra cosa que desencajar todo el sistema de convivencia. Si no fuera porque lo único que hay detrás de todo ello no es sino la última tentativa desesperada, no de mantener unido el Estado, sino de evitar la segregación inevitable de ese hierro de madera que es el socialismo catalán, dicha perseverancia en la ingenuidad podría resultar, incluso, conmovedora.

Después de tres décadas en las que la conllevancia, por decirlo al orteguiano modo, se ha demostrado una estrategia fracasada, se impone una desacomplejada acometida de pedagogía democrática y aplicación estricta de la ley. Hace un año más o menos afirmé en este mismo lugar que España debe perderle el miedo a una hipotética independencia de Cataluña. No hay nada que otorgue más apariencia de razón al nacionalismo que ese prudente silencio que se le ha opuesto a su burda demagogia. Al Estado le corresponde ahora ocupar los espacios de los que ha sido desalojado por las estrategias de uniformización social, fijar escrupulosamente los límites del juego político y dejar claro a los ciudadanos catalanes que hay un discurso democrático e inclusivo que no se arredra frente a las mentiras.

Desde tales premisas, la posibilidad de una consulta general, no sólo no sólo sería un problema, sino tal vez la solución definitiva al mismo (como ocurrió en Quebec y como va a ocurrir en Escocia), pero para ello es imprescindible un acuerdo de amplio alcance entre la fuerzas políticas estatales. Ahora bien, ¿contamos con algo parecido en una izquierda a la que ni siquiera puede llamarse nacional? Los socialistas catalanes, después de rechazar sumarse a un pacto con los constitucionalistas, se han adherido a una nueva declaración sobre "el derecho a decidir". Quod erat demonstrandum.