HAN quedado atrás los tiempos en que la Justicia procuraba que sus pronunciamientos y resoluciones no afectaran a las campañas electorales. No es que los magistrados incumplieran sus obligaciones ni beneficiasen a algún candidato, sino que buscaban no interferir con sus autos la legítima pugna de los partidos políticos por granjearse el voto de los ciudadanos independientemente de los procesos en que algunos de sus líderes estuvieran inmersos. La juez Alaya, que investiga el escándalo de los expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta de Andalucía, ya imputó a un concejal de IU unos días antes de las elecciones municipales de mayo en las que el edil aspiraba a la Alcaldía de Sevilla. Ayer, en vísperas de unas decisivas elecciones generales, dictó un auto en el que, entre otras consideraciones, solicita documentación a la Junta sobre las ayudas a trabajadores regulados. La demanda está justificada en la medida en que se trata de instruir un caso de presunta corrupción política que a todos los ciudadanos les importa que se haga con seriedad, rigor y todas las garantías legales. La novedad es que, por vez primera en su ya larga labor instructora, Alaya cita por su nombre al actual presidente de la Junta, y secretario general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, en relación con su anterior cargo de consejero de Economía y Hacienda, que tuvo que conceder la autorización para tramitar y aprobar parte de las ayudas investigadas. Es imposible negar la legitimidad que ostenta la juez sevillana para avanzar en la instrucción del caso, solicitando documentación e imputando a los cargos públicos que hayan podido ser protagonistas, en uno u otro grado, de las prácticas que son objeto del necesario escrutinio judicial. Al mismo tiempo, no deja de resultar llamativo que algunos de sus autos se dicten precisamente en pleno desarrollo de dos campañas electorales. Son coincidencias que no dejan de tener significación política. Nos limitamos a ponerlo en evidencia.