EL Consejo del Poder Judicial ha mostrado su respaldo a la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE, tras las insinuaciones vejatorias del número uno de la lista del PSOE por Sevilla, Alfonso Guerra, sobre su relación con el alcalde sevillano, Juan Ignacio Zoido (PP).

Veamos. Guerra estaba deseando arrojar sobre la juez la sombra de sospecha que los socialistas vienen esparciendo desde que empezó a instruir las diligencias sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta durante diez años. Hace unos días habló de la vinculación de Alaya con el PP, sin más. El miércoles aumentó la dosis de veneno: "Parece que hay una relación fuerte personal de la juez y el alcalde de Sevilla; eran compañeros y dicen que tuvieron algún expediente en común, parece que alguna cuestión curiosa tuvieron".

Aparte de los sibilinos "dicen" y "parece", fórmulas rituales para tirar la piedra y esconder la mano poniendo en boca de otros lo que no se atreve a decir directamente, lo que Alfonso Guerra persigue es levantar una cortina de humo sobre el escándalo de los ERE, el más grave y demoledor de los que han afectado al PSOE andaluz en sus treinta años de control de la Junta, y hacer victimismo en campaña electoral: pobres socialistas, investigados e imputados como presuntos corruptos tan sólo por la connivencia de una juez con el Partido Popular en virtud de su "relación fuerte personal" con un alcalde popular (que cada uno se imagine en qué consiste esa relación de cuando los dos eran jueces).

Esta maniobra es impresentable. Si el PSOE considera irregular o abusiva la instrucción de la juez Alaya, tiene mecanismos legales a su alcance para recusarla. La Junta, de hecho, recurrió algunas de sus resoluciones. Claro, es más fácil y demagógico sugerir complicidades que demostrarlas. Por otra parte, si la juez adopta decisiones llamativas durante las campañas electorales -como ha adoptado de hecho-, ¿cuál es la alternativa? ¿Paralizar las diligencias judiciales siempre que coincidan con una campaña? No sería lógico.

Aventemos el humo de Guerra para que no nos ciegue: lo importante del caso ERE no es quién lo instruye, cómo piensa y qué relaciones insinuadas tiene o ha tenido con un partido político, sino si es cierto o no que dentro de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se organizó una trama para beneficiar a varias decenas de familiares, compañeros y amigos del poder socialista metiéndolos como prejubilados en regulaciones de empleo subvencionadas con dinero público en empresas en las que nunca habían trabajado. De eso es de lo que el ex vicepresidente hermano de Juan Guerra no dice nada. No, si va a resultar que los ERE fraudulentos se los inventó Mercedes Alaya para devolverle un favor a Juan Ignacio Zoido...