EN los últimos días la iniciativa sobre los dineros de Bárcenas, la financiación del PP y el caso Gürtel ha estado en manos de dos o tres periodistas que han llevado la voz cantante publicando informaciones a conveniencia e interpretado esas informaciones a conveniencia también.

Las especulaciones han hecho su agosto y la política ha ido en función de lo que se publicado, cuándo y cómo. Hasta que el juez Ruz, que ha tomado declaraciones a Bárcenas en otras ocasiones, lo ha enviado a prisión e investiga la trama Gürtel desde hace años, ha decidido intervenir y ha citado nuevamente a Bárcenas, ha hecho indagaciones sobre el estado de salud de Álvaro Lapuerta -al que Bárcenas endosa lo que le parece oportuno sabiendo que no está en condiciones de defenderse tras el accidente que sufrió hace unas semanas- y ha citado a Pedro J. Ramírez, el periodista que ha publicado su versión de la conversación que mantuvo con Bárcenas, y que ha entregado a los juzgados una hoja original del llamado "cuaderno de Bárcenas" con la supuesta contabilidad B del PP. Hoja que había publicado a principios de año, aunque a través de fotocopias, el periódico de la competencia.

Los dirigentes del PP han salido a proclamar la honradez de Rajoy y a exigir que se investigue la procedencia del dinero que Bárcenas tenía en varias cuentas en Suiza. En eso estaba el juez Ruz hasta que irrumpió en escena el artículo con la famosa conversación de Bárcenas en la que arremetía contra todo el que se mueve en el PP, confirmaba lo que antes decía que era mentira y amenazaba con contar mucho más. Puede hacer caer el Gobierno, contaba a los periodistas con los que se ha entrevistado en las últimas semanas. No se sabe si puede o no, pero si se ha organizado lo que se ha organizado con una simple hoja de bloc que recoge datos previamente publicados, habrá que ver qué ocurre si da salida a lo que guarda en las nueve cajas que se llevó de la sede del PP llenas de documentos.

Cuanto antes se aclaren las cosas, mejor. Pero de verdad, con jueces, policía judicial, comisiones rogatorias e interrogatorios a implicados y a testigos. Son los jueces los que deben determinar si hay delito, quién lo cometió y cuándo. Lo otro son especulaciones, generalmente interesadas. Pero cuando un juez llega a conclusiones con pruebas, y hay que insistir en las pruebas, entonces ya no cabe mirar para otro lado: es obligado tomar decisiones políticas.