LA teoría económica y la experiencia internacional, según las cuales las crisis financieras exigen un largo periodo de ajustes para recuperar un crecimiento sostenido, van encontrando su referendo en la realidad. Las variables económicas relevantes y su previsible evolución en el futuro próximo no permiten ilusionarse con una pronta recuperación.

Todo apunta a que la economía española ha intensificado la recesión en el segundo trimestre, y que en los próximos podría seguir por esta senda por la debilidad de la demanda interna (soporte fundamental del crecimiento), condicionada por el alto nivel de paro, el desapalancamiento de empresas y familias, el aumento de la presión fiscal y la reducción del gasto público.

Por si fuera poco, los últimos datos del déficit público son preocupantes, pues después de los aumentos impositivos y de los recortes en el gasto público el déficit aumentó hasta mayo un 30% respecto al mismo periodo del año anterior, elevándose hasta 36.364 millones de euros desde enero a mayo, prácticamente igual que lo previsto en los presupuestos para todo el año. Cierto que parte de ese déficit se debe a adelantos de transferencias a ayuntamientos, comunidades autónomas y Seguridad Social, pero incluso detrayendo estas cantidades el déficit acumulado supera al del año pasado. Por tanto, la posibilidad de cumplir con los objetivos de déficit se aleja, lo que implicará un nuevo ajuste presupuestario y la necesidad de intensificar la emisión de deuda pública, cuyos tipos de interés están empezando a condicionar gravemente nuestro futuro, pues los 28.848 millones de euros previstos en el presupuesto para el servicio de la deuda para este año (9,5% del gasto público) se van a quedar cortos.

En consecuencia, España se enfrenta a una grave y compleja coyuntura en la que tiene que afrontar una triple tarea. La primera y más urgente es la reestructuración del sistema financiero, que permita normalizar a tipo de interés razonable la necesaria financiación tanto del sector público como del privado. Esta tarea no puede hacerse sin la ayuda europea, para lo que se requiere que se concreten y profundicen los acuerdos de la última cumbre europea.

La segunda tarea es la consolidación presupuestaria. El objetivo de reducción del déficit no es sólo un compromiso con nuestros socios europeos, sino inevitable por los elevados costes de financiación presentes y futuros. La experiencia reciente está poniendo de manifiesto la escasa capacidad recaudatoria del aumento de los tipos impositivos, por lo que el ajuste presupuestario tendrá que pivotar fundamentalmente sobre nuevos recortes del gasto público. Los recortes tienen mala prensa porque detrás de cada recorte hay colectivos y personas afectadas, generan agravios comparativos y, en general, malestar social, pero son inevitables porque ni tenemos -ni tendremos- un nivel de ingresos públicos como en el pasado reciente, y porque no podemos seguir aumentando nuestro endeudamiento para financiarlo.

Y la tercera tarea es promover el crecimiento económico, lo que es indispensable para un futuro con esperanza. A corto plazo las posibilidades de crecimiento de la demanda interna son inexistentes por las comentadas restricciones, por lo que el aumento del PIB sólo podría derivarse de un aumento muy notable de las exportaciones, aunque el 75% de nuestras exportaciones se dirigen a Europa, donde se prevé una ligera contracción en los próximos meses. El plan de inversiones públicas de 125.000 millones de euros, aprobado por el Consejo Europeo de la pasada semana, puede ser un estímulo (limitado) a la recuperación del crecimiento, pero queda tiempo para que se precisen su contenido y procedimientos y se empiece a implementar.

Por ello, las posibilidades de crecimiento se encuentran en el medio y largo plazo, lo que exige desarrollar un nuevo patrón de crecimiento basado en mejoras sustanciales de competitividad y, por tanto, una mayor capacidad para captar demanda externa y generar demanda interna sostenible. A diferencia de otras tareas, el reto de la competitividad es un asunto exclusivamente interno, que le corresponde fundamentalmente a las empresas, pero al sector público le compete completar los ajustes, abordar reformas estructurales y realizar una política microeconómica que incentive los factores determinantes de la competitividad.

Es seguro que el panorama y perspectiva que expongo no ilusionará, pero más frustrante es imaginar escenarios irreales de recuperación a corto plazo. Tenemos ante nosotros uno o dos años de ajustes, y después se iniciará una recuperación del crecimiento que no será muy vigorosa, pero además, si no trabajamos desde hoy en ello (muchos ya lo están haciendo) la recuperación también será difícil. Otros países (Alemania, Japón, Suecia...) se han enfrentado en el pasado reciente a retos semejantes y lo han superado. Tenemos recursos y factores, y esperemos tener madurez cívica para conseguirlo.