SUCEDIÓ en Sotogrande, en un restaurante, el pasado fin de semana. Devinder Singh, británico, se percató de que un hombre (Sandro Rottman, de origen alemán) estaba grabando a su niña. Le instó a que dejase de tomar imágenes y le arrebató el dispositivo. Cuando comprobó lo que había grabado, le golpeó en la cabeza. Ese golpe o la caída lo mató. Rottman había sido detenido unos días antes por posesión de pornografía infantil.

Los hechos tienen tanta gravedad que se atropellan y atascan los comentarios. Lo primero, lamentar la desgraciada muerte. Desear, ante todo, que Sandro Rottman descanse en paz.

Después, quizá quepa preguntarse qué hacía un recién detenido por posesión de pornografía infantil en un restaurante grabando a menores; y con la desfachatez de seguir haciéndolo a pesar de la petición de que parase. ¿No habría que haber tomado alguna medida cautelar? ¿O se tomó y se infringió?

Es entonces -tras los fallos de prevención, de control y de autocontrol- cuando aparece el puñetazo de Singh, al que suponemos devastado por la consecuencia de su acción. Con todo, hay que reconocer que estamos ante un caso de libro de legítima defensa, doblemente legitimada (la acción, no la consecuencia) por lo delicado del bien protegido y por lo evidente del supuesto delito que se trataba de evitar. Leyendo la noticia -no dispongo de más datos- parece que se respetaron también los requisitos más formales: se advirtió antes, se procuró obstaculizar el hecho, y sólo al final se procedió al golpe. Un golpe fatal, aunque, según los testigos, sin esa intención.

En la legítima defensa se agazapa una última prerrogativa del ciudadano. Que el Estado moderno se haya hecho con el monopolio de la fuerza no evita algunos supuestos, en que una persona tiene que tomar en sus manos la propia protección o la de sus seres queridos o la de su propiedad. Saber que existe ese último muro de contención y que el Derecho, como es natural, lo ampara, alivia. Aún más: ese muro sustenta todo el ordenamiento jurídico. Los derechos no son concesiones estatales, sino consecuencias inherentes a nuestra dignidad, que, en última instancia, tenemos que poder defender. Ojalá nunca nos veamos llevados a situaciones tan extremas. Ojalá jamás tengan consecuencias tan desgraciadas. Pero amparemos la legítima defensa, incluso cuando produce una tragedia.