LOS argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional para rechazar por unanimidad que se impidiera debatir en el Parlamento catalán la resolución independentista impulsada por Junts pel Sí y la CUP eran hasta cierto punto previsibles y están más que razonados. El Alto Tribunal no se puede pronunciar sobre algo que aún no existe y cuyo contenido en concreto se desconoce, entre otras razones, porque es a las propias cámaras autonómicas a las que corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución. Pero dicho esto y como resulta obvio que en este caso no ha sido así, toda vez que el Pleno del lunes apruebe dicha resolución para iniciar el proceso soberanista, el Gobierno y el propio Tribunal han de activar todos los mecanismos a su alcance para cortar de raíz un movimiento secesionista que ha logrado dividir incluso a los nacionalistas catalanes más moderados, que forman parte del núcleo duro de CDC.

Ahora más que nunca, los partidos constitucionalistas han de mostrarse unidos frente a este golpe en toda regla a la Constitución. La ley está para ser aplicada. De la misma manera que hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como no podía ser de otra manera, acataba la decisión del Tribunal Constitucional de permitir que se debata la moción independentista, ahora sólo cabe exigir que todos respeten cualquier otra resolución que adopte el Alto Tribunal en adelante. Si por el contrario, las fuerzas que desafían al Estado insisten en que no respetarán las leyes si se paraliza la propuesta sobre la "república catalana", el Gobierno y todos los partidos que defienden el orden constitucional han de actuar en consecuencia. Con buen criterio, el Ejecutivo central ya ha dejado claro que si se aprueba la declaración apenas tardará 24 horas en impugnarla, una vez que se reúna el Consejo de Estado para emitir su preceptivo informe y el Consejo de Ministros para autorizar el recurso.

Si hasta ahora se había criticado a Rajoy por su pasividad ante el desafío en los últimos años, justo es reconocer que en las últimas jornadas ha reaccionado y se ha enfrentado al desvarío liderado por Artur Mas en su permanente huida hacia delante. La iniciativa sólo parecía en manos de los independentistas, pero si se cumplen los planes del Gobierno, su recurso podría dejar en suspenso el proyecto independentista sólo 48 horas después de su aprobación por el Pleno del Parlament. La Constitución deja abierto el camino, en casos extraordinarios, para que el Gobierno, en defensa del interés general, solicite la suspensión automática y cautelar de una iniciativa aprobada por una autonomía que vulnere las reglas del juego democrático. En este caso los independentistas han llegado aún más lejos al reírse de las instituciones democráticas del Estado, empezando por el propio Constitucional.