DENTRO de dos meses, una vez pase por el Senado, entrará en vigor la Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios cuyo proyecto fue aprobado el jueves por la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. La norma salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, puesto que todos los grupos de la oposición votaron en contra por estimar insuficientes las medidas contempladas para hacer frente a un problema social del dramatismo de los desahucios, el más impactante, junto al paro, de los que preocupan a una sociedad que atraviesa una crisis de múltiples connotaciones. También ha sido rechazada radicalmente por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la organización que ha encauzado las reivindicaciones de los desalojados de sus viviendas y que presentó una iniciativa legislativa popular que dio origen a la ley ahora aprobada. Probablemente son optimistas las previsiones del Gobierno en el sentido de que la ley será capaz de paralizar 120.000 desahucios que están en marcha y la realidad será más modesta. Aun así, es la primera vez que los poderes ejecutivo y legislativo afrontan este problema con un plan de medidas que va más allá de las declaraciones y principios. Concretamente la Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios se dirige a aliviar la situación del colectivo más vulnerable sometido a procedimientos de desahucio (familias con menos ingresos y condiciones de vida más difíciles), obligando a las entidades financieras a renegociar estas deudas y paralizar los desalojos durante dos años, a la vez que se imponen más condiciones para que los bancos inicien los trámites para el lanzamiento y se aumenta la capacidad de los jueces para frenar los desahucios cuando las hipotecas que los permiten contengan cláusulas abusivas, en línea con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Al no contemplarse la dación en pago -la entrega de la vivienda a cambio de dejar saldada la deuda- más que en circunstancias excepcionales y limitar la ayuda a las unidades familiares más vulnerables, como queda dicho, la ley que acaba de recibir la luz verde ha defraudado las expectativas de la Plataforma de Afectados, pero hay que destacar que la obligación de los parlamentarios es escuchar a los ciudadanos y ser sensibles a las demandas de los colectivos que se ponen a su cabeza, pero no seguir al pie de la letra sus dictados. La legislación aprobada en solitario por el partido gubernamental tiene el mérito de ser la primera que viene a cambiar la vieja normativa hipotecaria. Su aplicación zanjará, dentro de sólo unos meses, la duda sobre si es suficiente o no para afrontar el drama social de los desahuciados.