El Tribunal Constitucional ha dejado negro sobre blanco en su sentencia de esta semana que si usted ha comprado, vendido o heredado una vivienda en los últimos años su Ayuntamiento ha aprovechado la ocasión para meterle la mano en la cartera gracias a un impuesto de plusvalías cuya base de cálculo era poco menos que un atraco fiscal hecho con todas las bendiciones del Ministerio de Hacienda. Nada que deba sorprendernos. En España se ha ido configurando un modelo impositivo diseñado para recaudar mucho y a toda costa, sin importar demasiado las circunstancias del hecho que se sometía a gravamen. El de las plusvalías municipales es un ejemplo claro: se cobraba una cantidad independientemente de que las hubiese en la operación -es decir, que se ganara dinero- o que no las hubiera o incluso que éstas fueran negativas, lo que en román paladino significa que había que tributar, aunque la transmisión de la vivienda, como le ha pasado a tanta gente, terminara costando dinero.

Este caso, que habrá que ver en qué termina cuando se conozca la integridad de la sentencia y Hacienda saque adelante la nueva regulación, sirve para ilustrar de un modo claro cómo ha evolucionado en las últimas décadas la fiscalidad en España. Hemos ido hacia un modelo de voracidad recaudatoria que deja indefenso al ciudadano, sobre todo si el ciudadano en cuestión no está ni muy arriba ni muy abajo en la escala social. Si pertenece a eso que se dio en llamar las clases medidas, golpeadas sin piedad por el sistema hasta ponerlas en trance de desaparición. Y eso no afecta sólo a las operaciones inmobiliarias o la transmisión de herencias. Ese afán de llevarse la billetera del contribuyente deja un rastro que se puede detectar desde las multas de tráfico al Impuesto sobre la Renta, en el que todos, o casi todos, debemos retratarnos una vez al año.

Lógicamente, cualquier país que aspire a dar a sus ciudadanos unos servicios públicos de altura tiene que recaudar impuestos suficientes para sufragar esos costes. El problema surge cuando ese marco se vuelve abusivo y claramente injusto. Cuando todo el esfuerzo se hace caer sobre un determinado segmento de la sociedad porque no tienen o no se quieren tener los medios para controlar a los que por diversos vericuetos logran zafarse.

El impuesto de plusvalías se había convertido en un sacadineros de los ayuntamientos que ahora y hasta que la situación se aclare tendrán que buscar otros procedimientos para cuadrar sus presupuestos. En Sevilla, nada menos que 30 millones tendrá que buscar Juan Espadas antes de abandonar la Plaza Nueva. A ver si esta vez lo hacen sin recurrir a meter la mano en la cartera del ciudadano.