CON la que está cayendo, es difícil hablar de otra cosa que no sea la crisis económica y financiera. Sin embargo, y al margen de las turbulencias de la coyuntura, merece la pena detenerse en una serie de situaciones estructurales que afectan negativamente a la economía española y, muy especialmente, a la andaluza. Uno de esos males, y no el menos grave, es la dependencia que presenta el sistema productivo (y buena parte de la sociedad, me atrevería a decir) del presupuesto público. Una de las manifestaciones más evidentes de ello reside en el fenómeno de las subvenciones.

En las sociedades más avanzadas y competitivas, cuando surgen dificultades en los procesos de producción o comercialización, las soluciones suelen buscarse en los mercados y en la mejora de los procesos de producción; es decir, en la ciencia. Los problemas que se encuentran en los mercados tratan de resolverse a través del marketing y la tecnología. Esta forma de actuar proporciona una gran ductilidad a las empresas, que se adaptan progresivamente a las cambiantes necesidades de los mercados consumidores y a los nuevos métodos de producción. Y esto es así porque su supervivencia como empresa depende de su competitividad y de su eficacia.

Distinto es cuando, en lugar de buscar soluciones en el mercado, se pide la ayuda del presupuesto público, en sus diferentes modalidades. La subvención, el impulso ajeno al mercado, dificulta la correcta adaptación de la actividad empresarial a la demanda y al entorno económico, que son los factores que deberían motivar sus decisiones y que, en última instancia, determinan el éxito de la iniciativa. En el caso andaluz (como en muchos otros, aunque a una escala diferente), la subvención se ha convertido en un nuevo opio del pueblo, en tanto que adormece y crea adicción. No se tiene en cuenta, por seguir con las analogías, que las subvenciones son como las pensiones de jubilación: sirven para morirse dignamente, pero son inútiles para iniciar proyectos de futuro.

En Andalucía es muy frecuente que, ante dificultades de cualquier índole, la primera opción sea recurrir a la administración pertinente, para que ayude a resolver la situación. En unos casos serán problemas de competencia con terceros, donde se pedirán barreras de todo tipo para evitar la libre competencia; en otros serán problemas puntuales de tesorería, de obsolescencia de los métodos de producción, de pérdida de competitividad de los productos, etc. En resumen, con demasiada frecuencia se reclama de la administración de turno ayuda para poder salvar cualquier escollo.

Este enfoque erróneo de los problemas a menudo cuenta con la comprensión y el apoyo de las autoridades, que ven en esta forma de socorrer a los agentes sociales, mediante el uso discrecional de los presupuestos, la manera más rápida y fácil de actuar. Este comportamiento refuerza, además, su autoridad social y, en consecuencia, su prestigio ante la clientela en el mercado electoral. Pero lo malo de buscar la solución de los problemas en la subvención, y no en el mercado es que, antes o después, se acaba siendo desplazado por la competencia.

Este paternalismo, aceptado y, diría más, demandado por la sociedad andaluza, me recuerda a la actitud de los padres que atienden todos los caprichos de sus hijos para evitarles las dificultades de la vida, olvidando que es en la superación de los obstáculos donde se adquieren las enseñanzas que nos permiten alcanzar la madurez para desenvolvernos por nosotros mismos. Evitar que nos enfrentemos a los problemas es negarnos la educación necesaria para afrontar el mundo real.

Desde los inicios del proceso autonómico, el desarrollo de un sector público desproporcionado ha coadyuvado a que se extendiese la cultura de la subvención. El peso de la Junta de Andalucía en el PIB andaluz es superior al de las demás autonomías. Por su parte, el empleo público en Andalucía es significativamente mayor que en España (tanto en relación al total de ocupados como a los habitantes), y sin embargo su aportación al PIB es sensiblemente menor, lo refleja su ineficiencia relativa.

Aunque ni esté de moda ni sea políticamente correcto, pienso y seguiré pensando que el papel del sector público, salvo contadas excepciones, no consiste en apoyar a empresas privadas, sino en invertir en mejorar el stock de capital público, aumentando así la competitividad del territorio y favoreciendo que los agentes económicos desarrollen su actividad en las mejores condiciones. Me vienen a la cabeza los miles de millones enterrados en tantos proyectos (las minas de Alquife, por ejemplo), que al final sólo han servido para detraer del presupuesto público recursos que, bien invertidos en infraestructuras, formación e investigación, hubieran ayudado de forma decisiva a mejorar la débil posición competitiva de la empresas andaluzas.

Esta orientación a la subvención, olvidando el mercado, explica gran parte de la falta de competitividad de nuestra economía, que nos ha impedido aprovechar las grandes posibilidades de nuestra tierra. No estaría mal que, aprovechando el necesario reajuste que esta dura crisis traerá consigo, reemplazáramos esta perversa tendencia proteccionista por una cultura basada en el trabajo y la innovación para ser competitivos en los mercados.