EN un momento histórico para la relativamente reciente democracia española toca mojarse aparcando posiciones maximalistas de intereses creados, sean personales o colectivos. Un acuerdo abierto como el alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos merece, al menos, ser contemplado con amplitud de miras y exquisito respeto democrático a los resultados del 20-D.

La voluntad de los ciudadanos quedó nítidamente manifiesta en las urnas: que el legislativo recupere el poder que durante más de cuarenta años le ha sustraído el ejecutivo. Si aceptamos que ese es el verdadero mandato popular, ¿por qué poner tantas trabas a un posible Gobierno del cambio que en su acción dependerá, sí o sí, de la aritmética parlamentaria?

Entiendo el pacto PSOE-Ciudadanos como lo mejor de lo peor posible y contemplo la alternativa de unas nuevas elecciones como el fracaso no tanto de la política, como de los políticos. Pactar es negociar, sin perdedores, ni ganadores. Ni PP, ni Podemos, pueden presentarse ante la ciudadanía como los salvadores de la patria. Los primeros porque no han sido capaces de gobernar para todos en la pasada legislatura y los segundos porque aún deben demostrar su capacidad para hacerlo.

Por encima de los contenidos concretos, el pacto tiene una serie de virtudes entre las que destaca que por fin podría ponerse en marcha la homologación democrática de la derecha política española con la europea, acabando con varias décadas de un partido anclado en el tardofranquismo que no ha sido capaz de dar el salto necesario para soltar el lastre de sus fundadores. Su estructura orgánica sigue siendo deficientemente democrática y la esperanza de su regeneración es prácticamente nula, tal como se ha comprobado por su empeño en no depurar las responsabilidades políticas de sus dirigentes ante una pandemia de corrupción generalizada.

Es cierto que el partido socialista aún no ha recorrido la senda de su regeneración necesaria, pero dentro de sus contradicciones aparecen líderes con voluntad de apostar por el final del caciquismo orgánico. La tensión en el PSOE comenzó con Zapatero, tras su victoria sobre el ínclito Bono, pero Bambi no resistió más que una legislatura, a la segunda fue devorado por la superestructura perniciosa que controla la organización socialista. La opción de Pedro Sánchez, siendo manifiestamente mejorable, representa, al menos, una firme voluntad de democratizar su partido y de introducir algunos cambios sustanciales en la política española como son las primarias obligatorias y la más que deseable reforma de la ley electoral.

Tras el 20-D Podemos ha venido demostrando en las formas su falta de rodaje institucional y de consolidación como partido político para representar una verdadera alternativa al PSOE y debería aceptar que, en la actual configuración del Congreso, su lugar señalado es el del liderazgo de una oposición de izquierdas en el Congreso, tras un pacto de investidura con los socialistas. Además, Podemos es aún una agrupación electoral más que un partido estructurado que no ha tocado pelo institucional en solitario y hasta su propia cúpula parece haber abandonado desde el 20-D su modélico método de someter a decisión asamblearia las decisiones más importantes

Tanto Podemos y sus confluencias, como IU, deberían apostar por alcanzar ese acuerdo de investidura con el PSOE, ya que sus argumentos para no pactar se basan más en el rechazo a las siglas y a su condición de cogobernar a toda costa que en los contenidos de los propios pactos, olvidándose que ellos, unos y otros, apoyaron la investidura de alcaldes socialistas mano a mano con ediles de Ciudadanos en un buen número de administraciones locales.

No es el momento para que los partidos de izquierda jueguen a la ruleta rusa, sino el de dar paso a la política y descender a la tierra. En el hipotético caso de unas nuevas elecciones, si los socialistas fueran capaces de señalar a los responsables puede que incluso su presencia en las cámaras disminuyera y que la probabilidad de un Gobierno del cambio dejara de ser viable, y nos pudiéramos encontrar así ante un nuevo escenario en el que los perdedores serían los ciudadanos que más necesitan un Gobierno para el cambio que recupere los derechos sociales y económicos arrebatados por el Gobierno popular. Un pacto estratégico progresista sigue siendo aún posible. No perdamos esta oportunidad histórica.