HAY dos fórmulas de infringir la ley: al por mayor y al por menor. La primera está reservada a los mayoristas, aquellos que, por ejemplo, prevarican por cajas y están en posesión del correspondiente carné de manipulador de cohechos; la segunda, que es la más extendida, corresponde a quienes delinquen por unidades sueltas, casi siempre de pocos gramos. Por lógica mercantil, el coste del delito en rama es menor que el que se comete de uno en uno. El economato de adjudicación de licencias ilegales del Ayuntamiento de Marbella fue una de las industrias más preciadas entre los mayoristas del delito. Muchos de los concejales del GIL se saltaron la ley por docenas. "¡Somos almacenistas!", venían a decir con el mismo énfasis publicitario con que ciertos comercios se anuncian en la radio.

Por ejemplo, a seis concejales del equipo de gobierno que arrasó Marbella entre 1995 y 1999 se le atribuyen la comisión de varias decenas de delitos urbanísticos. En concreto, el antiguo alcalde, Julián Muñoz, tiene abiertas ochenta y tres causas (que se dice pronto) por conceder licencias ilícitas. Si se tramitaran como causas individuales -es decir, como delitos para minoristas-, las últimas coincidirían con el Juicio Final que es, como nadie ignora, el proceso de procesos. Si cada uno de los concejales cometió, a ojo de buen cubero, 70 delitos por barba, tendríamos 420 causas. Y esto sólo a lo largo de un mandato. Basta con una elemental operación matemática para calcular el número de procesos, de diligencias, de autos, de citaciones, de traslado de presos, de juicios, de recursos y de revisiones de sentencias en segunda instancia necesarios para culminar semejante exuberancia. Por no hablar del número de jueces, funcionarios y horas extraordinarias.

La Fiscalía andaluza se ha puesto a la altura de las circunstancias y ha aplicado la lógica de la producción industrial a los escritos de acusación. Así ha ensamblado todos las imputaciones sueltas de atentado contra el territorio en tres delitos continuados, con lo que rebaja sustantivamente el tiempo de tramitación. Por año y medio de prisión la Fiscalía, incluida las penas ya purgadas, se compromete a cancelar todas los procedimientos.

¿Es una forma de malbaratar las condenas? No. Se trata solo de un ardid para ahorrar esfuerzos ingentes y con escasos efectos prácticos. Todos, en el fondo, somos beneficiarios de la medida, incluidos los periodistas, que no tendremos que informar de los 84 procedimientos de Muñoz y las 84 desmayos de Isabel Pantoja; los editores de periódicos y los cuidadores del medio ambiente, por el ahorro en papel y, por supuesto, el lector, que se evita cientos de crónicas repetidas y monótonas.