Pedro Sánchez acumula errores mayúsculos, aunque su punto más débil, el que ha provocado que los sondeos recojan la brutal caída del voto socialista, es su falta de credibilidad. Ha formado coalición con quien aseguró que jamás pactaría, buscado socios parlamentarios en algún caso indeseable, llegado a un acuerdo con Marruecos que acababa con la delicada política de equilibrio que mantenía España con ese país y, además, provocado tensiones con Argelia que, como se preveía, no tardó en reaccionar azuzando contra España a los saharauis y el Frente Polisario. Por no mencionar que Argelia tiene a los españoles permanentemente en vilo porque aunque está obligada a cumplir su contrato de suministro de gas, puede modificar los precios.

Fiasco fue también la negociación sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional y, aunque La Moncloa culpó al PP de la falta de acuerdo, también el Ejecutivo ha tenido responsabilidad en el hecho de que el CGPJ haya estado casi cuatro años en funciones, por su empecinamiento en poner sobre la mesa determinados nombres a sabiendas que el PP nunca los aceptaría; y negándose también a estudiar la posibilidad de cambiar en algún momento el proceso de nombramiento de los miembros del CGPJ, a lo que también le empujaba la propia Comisión Europea.

Fue fiasco la cesión al Gobierno vasco de la política penitenciaria que ha supuesto el acercamiento de la práctica totalidad de los presos de ETA y promovido la aceleración de terceros grados y excarcelación a varios de esos presos; y fiasco el indulto a los condenados por el procés catalán, o que el Ejecutivo no avalara la decisión de los tribunales de exigir que los niños catalanes tenían derecho a recibir el 25 por ciento de las clases en castellano. Como fue un fiasco, una tragedia, la respuesta al asalto de la valla de Melilla por parte de unos 2.000 subsaharianos que trataban de entrar ilegalmente en nuestro país. Se produjo una auténtica masacre, con un número indeterminado de muertos –algunas ONG apuntan que fueron alrededor de 70– y centenares de heridos. Nadie del Gobierno español asumió responsabilidades.

La disparatada ley

La lista de fiascos es larga, todas ellos provocados por la actitud de Sánchez de acceder a las exigencias de sus socios. Pero ninguna de ellas ha tenido el alcance político, y las consecuencias sociales, de la Ley Orgánica de Libertad Sexual, la llamada ley del sólo sí es sí. Una apuesta disparatada de Irene Montero, que se aprobó a pesar de los informes de entidades profesionales que daban la voz de alarma sobre sus consecuencias e incluso sobre su inconstitucionalidad. Voces de alarma a la que se sumaron miembros destacados del PSOE, sobre todo mujeres de larga trayectoria feminista.

Se sumaron también algunas voces del Ejecutivo, aunque fueron pocas a pesar de que hay tres jueces en el Gobierno. Sin embargo, cuando se promovió la ley, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo fue contundente en su oposición, lo que le valió acusaciones de machismo por parte de Podemos. Sánchez no le mantuvo en su cargo en la remodelación que hizo meses más tarde, y hubo quien especuló con que su salida estaba directamente relacionada con las tensiones que mantenía con Irene Montero por la ley de libertad sexual.

Campo es discreto, pero ahora podría decir que si le hubieran hecho caso no sufriría el Gobierno esta polémica, con una lluvia de declaraciones de profesionales, y sobre todo de víctimas, que acusan a la ministra de Igualdad de ser la responsable directa de que docenas de condenados por violación y abusos sexuales puedan ver reducidas sus penas de prisión o salir a la calle. Algunos ya lo han conseguido, y habrá un goteo incesante en los próximos meses, porque la mayoría de los abogados defensores de esos condenados recurrirán a los resquicios que deja sin cubrir esa ley para conseguir así los beneficios que se le abren a sus clientes.

El silencio de Yolanda

Desde Podemos se transmite que la ministra no tiene la menor intención de dimitir, que es víctima de una campaña de acoso. Arremeten contra los medios de comunicación e incluyen entre ellos algunos que el partido siempre había considerado afines y que estos últimos días han recibido notificaciones de baja de suscripciones de miembros destacados de Podemos. Es un partido que ha usado siempre la estrategia de sostenella y no enmendalla, más aún cuando afecta a la más importante de sus ministras, más que la secretaria general, Ione Belarra.

Es clamoroso el silencio de Yolanda Díaz, cada vez más alejada de aquel camino que le había marcado Pablo Iglesias, la candidatura de Podemos a La Moncloa. Díaz agranda la distancia que la separa de Podemos y sobre todo de los ministros designados por Iglesias, a los que en virtud del pacto de coalición Sánchez no puede tocar (Díaz, Montero, Belarra, Garzón y Subirats). El presidente está en una situación muy delicada, porque no le interesa la ruptura de la vicepresidenta segunda con Podemos, ya que es indispensable para Sánchez que Podemos mantenga un número importante de escaños para garantizarle su supervivencia como jefe del Ejecutivo, aunque tiene asumido que, meses o semanas antes de que se convoquen las generales, se romperá la coalición.

Le cabría la alternativa de que Díaz tuviera éxito con su plataforma Sumar y se presentara a las elecciones birlando votos de decepcionados con Podemos. Es lo que busca la vicepresidenta desde que puso en marcha su proyecto, pero por ahora no se cumplen las expectativas de Sumar, aunque en el año que falta hasta las generales podrían cambiar las tornas, sobre todo porque la imagen de Podemos hace tiempo que sufre una evidente devaluación. Y surge ahora la polémica en torno a la ley sobre libertad social, acompañada de la irritante reacción de sus promotoras –Irene Montero y su equipo de feministas tan poco convincentes para el feminismo tradicional–, lo que no ayuda a mantener el voto o recuperar el ya perdido.

Hay un aspecto a tener en cuenta en esta peripecia política provocada por la ley Montero. En su día, cuando se votó en el Congreso, tuvo el apoyo de todos los partidos excepto del PP y Vox, lo que causó sorpresa entre aquellos que consideraban que era una ley plagada de demagogia y falta de sentido común, una ley imposible de asumir como advertían los profesionales. Hoy, a raíz de la polémica, Cs, PNV, ERC y Bildu piden que se introduzcan modificaciones en la ley, que se rectifiquen los aspectos más polémicos. Una prueba más de la capacidad del Gobierno para generar fiascos … y llevar a sus socios a caer en su mismo hoyo.