LA Junta de Andalucía y los sindicatos han cerrado el calendario para la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales de trabajo, derecho que se había adquirido en los momentos de bonanza pero que se había suspendido en 2012 debido a las medidas de control presupuestario impuestas por el Gobierno central para rebajar el excesivo gasto público. Actualmente, los funcionarios y empleados de la Administración autonómica deben trabajar 37,5 horas semanales, algo que a muchos trabajadores de la empresa privada les debe parecer escaso, pero que en su día supuso un auténtico retroceso en las condiciones del funcionariado andaluz. Nos alegramos, pues, de que un colectivo recupere sus derechos laborales, pero no podemos evitar ver en la medida una de esas maniobras electoralistas a las que tan aficionados son los políticos de todas las tendencias cuando se acercan los comicios. En Andalucía, los funcionarios y empleados públicos siempre son un importante caladero de votos, principalmente por dos razones: porque son muchos, unos 260.000, y porque el Gobierno suele tener en su mano la capacidad de contentar sus demandas, algo que no pasa con otros colectivos. Hay que decir que es cierto que, como norma general, muchos de los nuevos teóricos del trabajo, abogan por jornadas más reducidas para no sólo mejorar las condiciones de vida y la conciliación de los empleados, sino también para repartir más un trabajo que, a la vista está, se ha convertido en un bien escaso y, debido al desarrollo tecnológico, lo será más en los próximos tiempos, con el consiguiente peligro de conflictos sociales.

Otra de las reivindicaciones de los sindicatos que ha atendido la Junta de Andalucía, también con clara intención electoralista, será el abono de un nuevo tramo del 26% de la suspendida paga extraordinaria de diciembre de 2012, de la que los funcionarios ya habían percibido el 24% el pasado febrero. La suspensión, en su día, fue un varapalo para los bolsillos de los funcionarios en unas fechas en las que el gasto doméstico se dispara y es, por tanto, justo que se devuelva. Otro debate, y siempre comprendiendo las lógicas exigencias de los trabajadores, es si es ahora el momento más indicado para la devolución, ya que la medida supondrá un desembolso de 140 millones de euros en unos momentos en los que las cuentas de la Junta de Andalucía siguen siendo muy frágiles y deben atender problemas de extrema gravedad.