DE forma parecida a lo que ocurre con otros muchos asuntos relacionados más o menos directamente con la política económica, la crisis marca un antes y un después para las migraciones internacionales. Durante la década de bonanza que precedió la crisis, el mercado laboral español, y en su seno, el andaluz, llegaron a alcanzar una situación próxima al pleno empleo, al tiempo que se precisaba mano de obra adicional sobre todo para actividades poco gratas y mal remuneradas, en las cuales se ocuparon principalmente los trabajadores extranjeros que venían incorporándose a la población activa. Como es sabido, la situación actual es bien distinta: el desempleo se ha disparado, induciendo a un número creciente de trabajadores, no sólo de procedencia inmigrante sino también autóctona, a buscar empleo en el extranjero.

En lo que respecta a los inmigrantes, la reciente cobertura mediática de estos movimientos de reemigración o retorno, podría causar la impresión de que se trata de una tendencia generalizada. Tendencia que, además, se encontraría en sintonía con una concepción utilitarista del hecho migratorio que con anterioridad a la crisis predominó en amplias partes de la población autóctona, y según la cual los inmigrantes vinieron para hacer "los trabajos que no queremos" los andaluces. A partir de este supuesto, podría parecer simplemente "lógico" que en época de tanto desempleo, los inmigrantes regresen a sus países de origen o prueben suerte en otros terceros.

Los datos disponibles muestran que, efectivamente, una parte de la población inmigrada está dando por fracasado su sueño de una vida mejor en España (y concretamente, en Andalucía), pero también evidencian que otros muchos siguen aguantando los envites de la crisis, de forma muy parecida a como lo hace la población autóctona. Es más, la situación administrativa de la población inmigrada dista mucho de una imagen social que la vincula a veces a la irregularidad, como si fuese su rasgo principal.

El último informe anual del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/) pone de manifiesto que en la actualidad, una amplia mayoría de la población inmigrada se encuentra no sólo en situación administrativa regular, sino también estable. Es el caso, por supuesto, de aquellos inmigrantes que ya han accedido a la nacionalidad española y de los nacionales de otros países de la Unión Europea, pero también de aquellos inmigrantes de países no comunitarios que son titulares de tarjetas de larga duración; permisos éstos a los que se accede después de un mínimo de cinco años de residencia continuada en España.

Estas tres categorías de personas engloban a la amplia mayoría de la población inmigrada. Para todas ellas, los criterios determinantes respecto a la permanencia o discontinuidad de su residencia en España son esencialmente los mismos que para las personas de procedencia autóctona. A las necesidades estrictamente económicas se unen factores como la información obtenida sobre el funcionamiento de otros mercados laborales, la calidad y amplitud de las destrezas lingüísticas, y la existencia o no de personas dependientes a su cargo, por mencionar tres de los más relevantes. Aparte de hacer abstracción de los derechos que la legislación española otorga a la población inmigrada, una concepción meramente utilitarista del hecho migratorio no capta adecuadamente la compleja realidad de unos proyectos migratorios que suelen afectar a familias enteras.

En resumidas cuentas, la crisis ha puesto fin al auge inmigratorio, pero no al hecho inmigratorio. Aunque los flujos inmigratorios hayan cesado casi por completo, Andalucía seguirá siendo tierra de acogida de la inmigración internacional; previsiblemente, seguirán viviendo aquí la amplia mayoría de quienes vinieron durante años pasados, atraídos por una economía boyante. Hemos de aceptar las realidades tozudas que se derivan de la historia reciente de este país, sin buscar chivos expiatorios.

La ciudadanía andaluza está mostrándose a la altura de este reto: según los datos disponibles, una amplia mayoría acierta a diferenciar entre una situación económica preocupante y que disminuye los beneficios a corto plazo de la inmigración, por un lado, y la buena convivencia entre personas de distinta procedencia, por otro. Entre todos, hemos de procurar que así siga siendo, por mucho que dure la crisis. No podemos permitir que las desavenencias económicas acaben lastrando nuestras virtudes cívicas.