LA campaña electoral languidece a la vez que la política concita la atención por derroteros muy alejados a los mítines. Los del euro, derribando gobiernos uno tras otro. Y los de la corrupción a la española, la factura de la época de los pelotazos que estamos pagando a precio de calvario económico. Con dos personajes de relumbrón, José Blanco e Iñaki Urdangarín, que se suman a los casos ERE, Gürtel, Malaya, etcétera.

A la vez que la clase política es considerada como un grave problema de la nación, al menos da motivos a la esperanza, para una regeneración de la democracia española, la vía libre a las investigaciones dirigidas por fiscales (es decir, funcionarios del Estado) que desacreditan nada menos que al ministro de Fomento y mano derecha de Zapatero en el PSOE, y al yerno del Rey, que confundió el ducado de Palma de Mallorca con llevarse la palma en la rentabilidad de su ducado. En esto, Marichalar es más tímido. El listón de los intocables se ha subido con creces. Ya no son tabú ni los ministros ni los yernos reales. Y todo emerge con luz y taquígrafos desde las instituciones del Estado de Derecho. Ambos se librarán de males mayores en sus procesos judiciales. Pero a ninguno de los dos le basta con ser inocentes. De ministro, o de yerno del Rey, o se es un dechado de ejemplaridad, o no se es.

Obsérvese cómo ni el Rey ni Zapatero han impedido ni las actuaciones judiciales ni la información periodística. En cambio, es mucho más difícil si atañen a los ejecutivos de bancos, cajas y grandes empresas.

Fue muy reveladora la ausencia de la infanta Cristina y su esposo en los encuentros de la Familia Real en agosto con el Papa en Madrid. Mejor cuanto más lejos, en el exilio dorado de Washington. Tan lejos no se irá Pepiño Blanco. En su vivienda comprada en la ría de Arosa, tan pegada al mar que incumple la Ley de Costas, se arrepentirá de haber protagonizado en la gasolinera de Guitiriz una de las escenas de aspecto más caciquil que se hayan conocido en la democracia española.