Tenemos a la Agencia Tributaria instalada en Cataluña y, mientras tanto, Madrid es una fiesta fiscal y en Andalucía no paga ni dios", Joan Puigcercós, noviembre de 2010, por entonces presidente de ERC. Descargaba toda su xenofobia personal contra los andaluces, que, junto a los extremeños, llevamos el sambenito que, de vez en cuando, especialmente en periodos electorales, nos coloca el catalanismo político más radical e hipócrita. Debe ser rentable políticamente porque se repite con cierta periodicidad y en el entorno de consultas electorales, además de contagioso porque otros políticos en Madrid también han sabido aprovechar el viento de cola para otros escarnios similares. La cuestión es que la imagen del andaluz pegado a la teta del Estado que alimentan otras comunidades ha quedado fijada en el imaginario colectivo, sin que la acumulación de evidencias contrarias consiga rectificarlo. Se pudo apreciar cuando se publicaron las balanzas fiscales, cuando casi todos los medios de comunicación interpretaron que los andaluces contribuimos poco al sostenimiento del estado y nos beneficiamos mucho de él. Un grave error que algunos aceptaron rectificar, aunque con una repercusión mediática tan reducida que mantuvo impoluto en el resto de España el estigma de los privilegios fiscales de los andaluces.

Más recientemente el Colegio de Notarios ha dejado bien claro que donde menos se paga, en igualdad de condiciones, por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es en Cataluña, Cantabria y Madrid, tres de las comunidades impulsoras de limitación de la solidaridad fiscal en el futuro acuerdo de financiación autonómica, mientras que los tipos más elevados están en Andalucía, Murcia y Asturias. Sin embargo, los argumentos más contundentes para desmontar la falacia oculta tras el mito se encuentran en el Panorama de la Fiscalidad Autonómica 2016, publicado por el Colegio de Economistas de España, donde se aborda el tratamiento fiscal de un mismo contribuyente en diferentes comunidades autónomas. Si nos centramos en el IRPF observaremos que para niveles de renta medio y bajo, por ejemplo 45.000 euros anuales, el peor tratamiento se recibe en Extremadura. Cataluña estaría en el quinto lugar y Andalucía en el sexto, mientras que la opción más favorable para el contribuyente sería pagar sus impuestos en Madrid. A medida que aumenta el nivel de renta empeora el tratamiento fiscal en Andalucía y mejora en Cataluña. Cuando la renta alcanza los 160.000 euros anuales, Andalucía se convierte en la tercera comunidad donde hay que pagar más impuestos, mientras que Cataluña se desplaza hasta el lugar 11, de un total de 15. La conclusión es contundente en el sentido de que hay que desmontar el mito de los privilegios fiscales en Andalucía y Extremadura, puesto que independientemente del nivel de renta, el tratamiento fiscal para un mismo contribuyente es peor que el promedio, mientras que Madrid siempre otorga el más favorable. No obstante, a medida que aumenta la renta, mejora el tratamiento en Cataluña, lo que implica un notable nivel de protección de las rentas elevadas, justo lo contrario que en Andalucía.