LA imputación por la juez Mercedes Alaya de la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha supuesto un salto cualitativo en la instrucción de la causa derivada del mayor escándalo de corrupción política de la Andalucía autonómica. Después de haber indagado los hechos más superficiales del caso (la presencia en los expedientes de numerosos intrusos que se beneficiaron de las ayudas sin tener derecho a ellas), las comisiones extraodinarias percibidas por aseguradoras e intermediarios, la participación de testaferros y sociedades pantalla para el blanqueo de los fondos indebidamente repartidos y el primer nivel político de la trama (centrado en la Dirección General de Empleo), la instructora trata de cerrar el círculo de la implicación penal: la presunta actuación delictiva de los responsables políticos de la Junta de Andalucía. Magdalena Álvarez fue consejera de Hacienda de la Junta y en este cargo le sucedió José Antonio Griñán, el actual presidente de la comunidad autónoma. Durante sus mandatos se materializó el uso fraudulento de los fondos públicos y se produjeron las advertencias de la Intervención General sobre la opacidad del procedimiento administrativo empleado, la transferencia de financiación que permitía sortear los trámites ordinarios de las subvenciones. La juez Alaya considera que existe responsabilidad penal en Álvarez y en la veintena de ex altos cargos de la Junta que le acompañan en la imputación, aunque en su auto no se les atribuye ningún delito concreto. Eso es lo que le ha supuesto a la instructora críticas y denuncias de diversos sectores jurídicos y políticos. Mercedes Alaya se verá obligada pronto a salvar una contradicción que le persigue: mientras más se acerca al meollo político de la instrucción menos posibilidades tendrá de eludir el paso que no quiere dar: desprenderse del caso por la aparición en las diligencias de algunos políticos aforados.