LOS DATOS no dejan lugar a dudas, aunque a veces, en especial desde la Administración autonómica, se quieran relativizar. Durante el último año en las aulas sevillanas se han denunciado por parte de los docentes un 45% más de episodios de agresiones (verbales o físicas) contra ellos. Una cifra que, según las estimaciones de la Oficina del Defensor del Profesor, dependiente de la Asociación de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), supone el incremento más acusado en la estadística existente sobre esta materia en los últimos tres años. Según este colectivo, los insultos contra los docentes crecieron de forma notable. Tanto los cometidos por los alumnos, como los inducidos o perpetrados por familiares de éstos. La Junta evita dar datos oficiales, alega que este tipo de episodios van a menos en las aulas, pero reconoce indirectamente, al confirmar el aumento de litigios entre profesores y algunos padres, que este problema ha dejado de ser sólo de índole disciplinaria (y por tanto, achacable únicamente a los alumnos) para pasar a ser social, al implicar, en un tercio de los expedientes abiertos, a los tutores legales de los menores, entre ellos sus progenitores. El acoso contra los docentes en las aulas tiene, además, algunos de los rasgos más condenables de otros males de nuestro tiempo, como es la discriminación de género. Quienes más sufren este problema son las mujeres. Profesoras que denuncian frecuentes amedrentamientos que impiden que la escuela sea un lugar de convivencia, respeto y tolerancia. El espacio en el que deben formarse los ciudadanos del futuro. La asociación de docentes estima que la falta real de compromiso de los gestores educativos en relación a este asunto los deja indefensos ante una situación a la que, como profesionales, no pueden o no saben cómo responder. Los acosadores, sean alumnos o familiares, además, suelen convertirse en modelos a emular por su entorno social más cercano, lo que provoca que este tipo de conductas, lejos de descender, corran el riesgo de perdurar e, incluso aumentar. Parece obvio que, en los últimos años, los avances pedagógicos impulsados desde la administración no han sido parejos a la difícil pero necesaria tarea de desarrollar herramientas disciplinarias efectivas para los docentes. La enseñanza tiene en España, junto a la alta tasa de abandono escolar, otra gran asignatura pendiente: dotar a los profesores de mecanismos para que el acoso no les impida hacer su trabajo.