El discurso de odio, según nuestro Gobierno social-podemita y el posprogrerío, es bueno o malo según quién odie y a quién se odie. Si se dirige contra el Rey, el Ejército, la Guardia Civil, Dios, la Iglesia o los creyentes se trata de libertad de expresión. Nuestra politizada Justicia se ha hartado de dictar sentencias absolutorias y desestimar denuncias si el odio se dirige contra estas instituciones, colectivos o personas. Si, en cambio, se dirige contra lo que el Gobierno considera intocable, con él en primer lugar, perseguir y censurar es una sana defensa de los valores democráticos y un cortafuegos del odio.

La semana pasada PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, CUP y otros firmaron un manifiesto en el que a la denuncia de los discursos racistas, xenófobos y machistas y la defensa de los derechos humanos -cosa que cualquier persona razonable suscribe, aunque sorprende que Bildu, ERC o CUP lo hagan- unían la condena de los discursos "de la extrema derecha y derecha extrema" (para meter al PP en el saco) que "suponen un peligro para la convivencia" (cosa que el blanqueamiento de ETA o el golpe del 1-O por lo visto no suponen). Añadiendo su solidaridad con "todas las personas que han sido objeto de los ataques e insultos desde estas actitudes radicales e intolerantes, incluidos miembros del Congreso de los Diputados y del propio Gobierno". Todas las personas menos el Rey, los creyentes, los guardias civiles o los militares, claro.

El siguiente paso lo ha dado Unidas Podemos, secundado por PSOE y ERC, presentando una proposición no de ley para que las empresas tecnológicas supriman los discursos de odio en las redes sociales porque "el contexto del Covid-19 ha generado una creciente polarización en la opinión pública". Por lo visto no bastan los tribunales -como se dice cuando el odio se dirige contra quienes según ellos es legítimo odiar- para denunciarlo.

Y eso que la justicia suele tener en España tan ancha la manga de la toga como la fiscal catalana que ha dictaminado que los militares no pueden denunciar delitos de odio, desestimando la denuncia presentada por la Unión de Militares de Tropa contra el concejal de la CUP Joan Coma i Roura que, cuando el ejército comenzó a desplegarse el pasado 16 de marzo en plena expansión del Covid-19, tuiteó: "Si vemos al Ejército abracémosles fuerte, incluso tosiéndoles en la cara". Esto no es odio. Es libertad de expresión.