POCAS herencias hemos recibido tan provechosas como la que nos dejaron los grandes maestros de la economía, representados por Enrique Fuentes Quintana, dotando a España de un sistema impositivo sólido. He oído en varias ocasiones al profesor Juan Velarde decir, refiriéndose a países en desarrollo, que el fundamento de una democracia está en un buen sistema estadístico y un padrón de vivienda, sobre el que construir una base estable de recaudación, para dotar la inversión pública y los servicios sociales. Si este sistema se percibe como general y justo, se ha avanzado mucho en la convivencia dentro de un país.

Las miserias económicas actuales han puesto la fiscalidad en el centro de todos los debates. Y entre ellos destaca el que se conoce como Erosión de la base y traslado de beneficios (proyecto BEPS en sus siglas en inglés), sobre la práctica legal por parte de las grandes empresas de lucir sus beneficios en aquellos lugares donde menos impuestos pagan. Pero la legalidad de esta práctica no es suficiente, pues hoy queremos que las empresas contribuyan con sus impuestos al progreso social de los países donde han encontrado las condiciones para desarrollarse. Estas dos cosas: la falta de un sistema fiscal, y de un compromiso fiscal por parte de las multinacionales, está detrás de los problemas de Grecia, y ha sido expuesto claramente por los actuales dirigentes. Parece mentira que desde las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional no se esté trabajando en un sistema fiscal en condiciones para el país, en vez de intentar rapiñar lo que poco que les queda a las clases medias y a los pobres.

Pero el movimiento BEPS preocupa a todos los países donde hay déficit fiscal, y va de Estados Unidos a Gran Bretaña, y a la Comunidad Europea. En España la caída de los ingresos tributarios es tremenda, pese a las fortísimas subidas en los tipos del IVA y del IRPF. En 2007 se recaudaba (nos referimos al Estado) unos 200.000 millones de euros, y en 2014 sólo 175.000 millones; en 2007 el IRPF era el 36% del total, y ahora casi igual, el 37%; sin embargo, el IVA era sólo el 28 por ciento de todos los impuestos en 2007, y ahora es el 33. Lo más llamativo es la fortísima caída del impuesto de sociedades, de casi 45.000 millones en 2007 a unos 15.000 en 2014, pasando de representar el 22% a menos del 9% del total de impuestos.

Esta debilidad de la recaudación empresarial no es sólo por el asunto BEPS, de traslado de beneficios, sino por la delicada situación general de la empresa española, y refleja una realidad de cierres de empresas, pérdidas a compensar con créditos fiscales y, sobre todo, la dificultad de generar márgenes en una economía deprimida, que ha sido además castigada por una política económica indiscutiblemente equivocada.

Dos ideas podemos sacar de estas reflexiones. Una, que el proyecto europeo tiene que orientarse a buscar soluciones eficaces a los problemas diarios de los ciudadanos, y la política fiscal -que no sólo es gasto y deuda- es algo urgente. Y la segunda, que la moralidad fiscal va a estar cada vez más en el centro de los debates políticos internacionales y locales.