EL Gobierno lo ha tenido claro: hay que intentar a toda costa conseguir un pacto anticrisis lo más amplio posible con el apoyo de todas las fuerzas políticas. El objetivo perseguido es evidente: si no hay pacto, que no sea por la inacción y falta de iniciativa del Gobierno, sino por la falta de respuesta y de compromiso del resto y, sobre todo, del partido en la oposición. Lo de menos es el contenido del documento de la propuesta de pacto, en el que se recogen 50 medidas, muchas de ellas útiles y positivas para reforzar la salida de la crisis, pero en el que están ausentes las grandes reformas necesarias para superarla y salir fortalecidos: la reforma laboral, la reestructuración del sistema financiero, la consolidación fiscal, la reestructuración de la Administración Pública y la reforma de la educación. El argumento del Gobierno para explicar estas ausencias es que las reformas ya están siendo debatidas en otros ámbitos de negociación. Por lo tanto, la propuesta de pacto o minipacto no es un documento integral que permita llegar a un gran consenso sobre los problemas fundamentales de nuestra economía y sus posibles soluciones al haberse sustraído los aspectos vertebrales tanto del diagnóstico de nuestra recesión, como de su salida y superación.

Es muy probable que se llegue a acuerdos con el PP en medidas como el impulso a la rehabilitación de viviendas mediante la aplicación de un IVA reducido del 8%, así como en las desgravaciones fiscales de hasta el 10% en el IRPF. También es probable alcanzar un consenso en las medidas propuestas para la reducción de la morosidad en el pago del sector público y privado a 30 y 60 días respectivamente, así como en la batería de medidas dirigidas a la mejora de la competitividad, la reactivación de la industria, el impulso a la investigación y el desarrollo, y la internacionalización de la empresa. Son todas ellas medidas positivas, que no se comprende cómo no se han tomado ya, pero que hay que concretar y remitirlas cuanto antes a la aprobación del Congreso.

Una de las medidas que más consenso está alcanzando es el impulso a las líneas de financiación del ICO. Se pretende que el Instituto ponga a disposición de las pymes una línea de financiación sin límite global, de créditos tanto para circulante como para inversión, hasta 200.000 euros por empresa, asumiendo la totalidad del riesgo el propio ICO y seleccionando, mediante concurso, una entidad financiera para su distribución a través de la red de oficinas. La medida en principio es positiva, aunque cabe hacer alguna objeción. La asunción del 100% del riesgo por el ICO parece excesiva y, en todo caso, no eficiente desde el punto de vista financiero. Puede inducir conductas no ortodoxas por parte de la entidad financiera distribuidora, que tendrá incentivos para canalizar los clientes menos solventes hacia la financiación oficial, preservando los mejores para la financiación propia. Por otra parte, al no haberse establecido límite alguno a la línea de financiación, no sabemos el importe que puede alcanzar, aspecto importante ya que implica un aumento del endeudamiento público que hay que financiar en los mercados financieros exteriores, en un momento en el que el endeudamiento público de España está siendo especialmente vigilado por las agencias de calificación. Un aspecto positivo es la colaboración que se pretende establecer entre Cersa, las sociedades de garantía recíproca y el ICO, cooperación demandada desde hace tiempo dada la capacidad de análisis y proximidad de las SGR a las pequeñas y medianas empresas.

No obstante, el muro que sigue separando al Gobierno de la oposición sigue siendo el diagnóstico de las causas de la crisis y sobre todo, las medidas fiscales para abordar la necesaria consolidación fiscal, recientemente exigida por los mercados financieros. Frente a la estrategia del Ejecutivo de avanzar en la consolidación fiscal vía aumento de los impuestos, fundamentalmente del IVA y reducción del gasto público en infraestructuras y gastos de personal público, el PP aboga por la reducción del IVA y del impuesto de sociedades, así como de las cotizaciones sociales, estableciendo al mismo tiempo un techo del gasto para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Se trata de un aspecto y diferencia fundamental en la concepción técnica, más que ideológica, de la estrategia para la salida de la crisis. No cabe duda de que el aumento del IVA provocará una nueva recaída del crecimiento del PIB español a partir del segundo trimestre como consecuencia del impacto en el consumo de las familias. Este impacto negativo será más grave si coincide con un agravamiento de la restricción del crédito de la banca y las cajas como consecuencia del inicio de la retirada de liquidez por parte del BCE y la subida de los tipos de interés. Recientes estudios realizados por un grupo de economistas y por Funcas pronostican una caída del PIB entre el 0,6% y el 1% a consecuencia del incremento del IVA. La salida de la crisis de la economía española va a ser dolorosa y prolongada.

Las grandes y prioritarias reformas laboral, financiera y fiscal se están planteando con titubeos y debilidad, sin alcanzar la profundidad necesaria para superar la crisis. No se está trasladando a los sindicatos y ciudadanos la crudeza y el alto costo social que esto implicará. Temerosos del coste electoral de la salida de la crisis, a los ciudadanos se nos trata como a menores y se nos oculta el esfuerzo, sacrificio, sudor y padecimientos que conllevará. Las reformas profundas habrá que hacerlas tarde o temprano, cuanto más se dilate en el tiempo, mayor será el coste en términos sociales. La confianza no se genera ocultando la realidad, sino enfrentándose a ella con realismo y fe en nuestra capacidad de respuesta y superación asumiendo desde el principio el reto que implicará. Ya lo hicimos en el año 1977 con los Pactos de la Moncloa.