EN la convención de Zaragoza, la militancia del PSOE recobró la sonrisa por el principio de acuerdo alcanzado por el Gobierno con los sindicatos y la patronal. A Zapatero le sirvió el pacto social para zanjar temporalmente el debate sucesorio, que estaba corriendo como la pólvora. Sin embargo, para algunos renombrados zapateristas, el leonés abortó ni más ni menos que una operación interna de mucho calado, auspiciada por algunos significados barones regionales, que buscaba sustituirle de forma inmediata por el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para evitar el descalabro electoral de mayo.

Ahora, mientras la ministra de Defensa, Carme Chacón, saldrá a cosechar un par de hervores políticos para poder hacer frente a Rubalcaba como heredera de Zapatero en unas primarias de cara a las generales de 2012, el presidente busca prolongar el éxito social logrado por su Gobierno cerrando un gran acuerdo político con los partidos en torno a las pensiones, las políticas activas de empleo y la negociación colectiva. No lo va a tener difícil.

Aunque Arriola y compañía continúan recomendándole a Rajoy que repita con Zapatero la receta político-gastronómica de dejarlo -"que se cocine solo en la salsa de la crisis y el paro"- y que se fume un puro, el PP tiene poco margen de maniobra para quedarse fuera ante el pacto social alcanzado.

Ayer mismo, a pesar de que sacó el banderín de enganche de la congelación de las pensiones como futura arma arrojadiza, a pesar de que lamentó la "gran celebración" del acuerdo en el seno del PSOE ante los "nuevos sacrificios" ciudadanos, a pesar de que se quejó de que el Gobierno aún no ha llamado a los grupos políticos para dialogar y a pesar de que sacó de nuevo la brocha gorda, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, lo dejó entrever al prometer "responsabilidad" y "buena disposición" ante la negociación parlamentaria -se tramitará como proyecto de ley y no con real decreto ley- del pacto social.

A la izquierda parlamentaria, con IU a la cabeza, tampoco le va a resultar fácil ignorar el pacto suscrito por Comisiones Obreras y UGT con el Gobierno, sobre todo a raíz del acuerdo sobre la puesta en marcha de un plan de empleo de choque destinado a jóvenes y parados de larga duración y del establecimiento de 400 euros para parados sin ingresos que participen en programas de formación. Gaspar Llamazares, portavoz de IU, anunció enmiendas en la tramitación parlamentaria, pero dejó abierto el voto final, pendiente del consejo político de su coalición.

Desde que el martes de la semana pasada el PSOE, el PNV y Coalición Canaria respaldaran en el Pleno del Congreso de los Diputados un voto particular de CiU en el informe de la reforma del Pacto de Toledo que avalaba la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, el Gobierno tiene garantizado la incorporación de los nacionalistas moderados al gran pacto político que se fraguará en las próximas semanas con pocas posibilidades de contabilizar alguna ausencia.