ALGO se ha debido hacer mal, muy mal, para que el número de abortos haya crecido un 10% en 2007 y se haya duplicado en una década. Tan mal que hasta la ministra Aído ha declarado que estos datos confirman la necesidad de reformar la ley y elaborar una estrategia de educación sexual y prevención que evite tener que recurrir "a algo tan traumático como es el aborto".

Sin embargo, ella y el Gobierno al que pertenece apuestan por una reforma permisiva de la actual ley. Según la ministra, los trabajos de su ministerio y de la comisión de expertos se están centrando en "asegurar que la ley ofrezca garantías" a las mujeres y a los profesionales. ¿Y las garantías de los padres y los no nacidos? No existen. El hombre desaparece legalmente desde que fecunda hasta que nace su hijo. Durante esos nueve meses sólo la mujer tiene derecho a decidir si el feto engendrado entre ambos vivirá o no. Únicamente en el caso de que la mujer decida que el feto viva el padre reaparecerá como sujeto legalmente obligado a afrontar sus responsabilidades: la ley salta hacia atrás, por encima de los nueve meses de embarazo, y retrocede del momento nacimiento al del coito para fundamentar en él la responsabilidad paterna para con ese hijo sobre cuya vida o cuya muerte nada se le ha permitido decir o decidir durante la gestación.

Imitando a la naturaleza, la ley ha reducido así al padre al papel de la abeja zángano que desaparece tras fecundar a la abeja reina. La diferencia entre los humanos y las abejas es que si la reina decide no abortar, el zángano es "resucitado" por la ley y obligado a pasar la pensión de manutención de la abejita sobre cuyo desarrollo o eliminación no se le permitió decidir. Hay, por lo tanto, zánganos humanos que, como las abejas, desaparecen tras el coito (no por voluntad propia e irresponsabilidad, como por desgracia tantas veces sucede, sino por inexistencia legal), y zánganos humanos a los que, tras el nacimiento, se convierte en abejas obreras que deben llevar su porción de polen al panal del que voluntaria o involuntariamente está excluido. Es lo lógico, me dirán, ya que al ser el padre del nacido tiene obligaciones para con él. Y estoy de acuerdo. Pero no puedo dejar de preguntarme por qué esa responsabilidad, que se origina en el coito, no le da también derecho a intervenir en la decisión que afecta a la vida o la muerte del feto por él engendrado.

En cuanto a lo que se ha hecho mal, está claro: han fracasado las políticas de educación y planificación, se ha hecho apología del aborto como conquista progresista y se le ha convertido en un bárbaro anticonceptivo.