CRECE la jurisprudencia que condena a las administraciones públicas al pago de indemnizaciones por dejación de funciones, deficiente atención al ciudadano y negligencia. En 24 horas se han conocido tres sentencias que confluyen. La ratificación del fallo contra el SAS para que pague 223.438 euros a la familia de la mujer que murió en el Hospital Macarena al estar esperando ocho horas en urgencias y no detectarse su hernia diafragmática estrangulada. Los 4.500 euros que abonará el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María al vecino que denunció la pasividad ante el insoportable ruido de la motorada de aficionados que ocupó alegremente su calle durante los tres días del Mundial de motociclismo en Jerez. Y la indemnización de 495.000 euros en favor de Joyería Román a la que es obligado el Ayuntamiento de Sevilla, al considerar el TSJA que fue negligente la intervención de la Policía Local cuando acudió a su local y no detectó el colosal robo, tras el aviso de un vecino por el estrépito de la alarma.

Tres casos bien distintos y una coincidencia: los jueces estiman que es exigible un alto nivel de eficacia a los sistemas sanitarios y policiales, sean cuales sean sus integrantes el Día D. Eso era antes inimaginable en España. Lo que resulta difícil es determinar el límite entre la eficacia irrenunciable y la indolencia admisible. Hay estándares, protocolos de actuación, y controles de calidad que permiten ir desbrozando este terreno y que la exigencia de responsabilidades no se diluya. Además, una legislación que cada vez garantiza más derechos al ciudadano faculta a entablar procesos como los citados, que antes no pasaban de ser vanas quejas a quien corresponda, y ahora conducen a poner el dedo en la llaga sobre los fallos y carencias del sistema.

En el fondo, se impone que la sanidad y el orden público funcionen siempre correctamente, y que esa conquista no esté al albur del voluntarismo individual, sino en función de la profesionalidad responsable.