UN país hipotecado y una generación hipotecada. Me refiero a los que ahora tienen menos de 30 años, que recibirán en herencia un patrimonio nacional de valor considerablemente disminuido como consecuencia del hundimiento de la inversión pública, tanto nueva como de reposición y mantenimiento. Además, les endosaremos las facturas de las reparaciones en nuestro actual sistema de bienestar y hasta la de los 35.000 millones anuales de intereses por los préstamos solicitados para financiarlas.

Si además la mitad del presupuesto se va a en pensiones, intereses y desempleo y prácticamente desaparecen los estímulos al crecimiento, lo razonable es pensar que su potencia para una transformación significativa de este país tiene que ser forzosamente reducida. No son, por tanto, los presupuestos para la recuperación que pretende el Gobierno, sino más bien los de un país en bancarrota, con un sistema de bienestar que se viene abajo y con un problema de desempleo que roza la inmoralidad. También son los presupuestos de un país cuya economía ha estado pésimamente gobernada en lo que va de siglo.

La corrección del ruinoso estado de las finanzas públicas españolas exige transformar el déficit público en superávit, como condición necesaria para que el saldo de deuda pública pueda comenzar a disminuir, y/o retornar a tasas de crecimiento cercanas al potencial. No son caminos excluyentes, sino más bien todo lo contrario. Uno es el de los ajustes presupuestarios, con costes sociales elevados, en los que, sin éxito aparente hasta el momento, el Gobierno ha decidido concentrar la mayor parte de sus energías. El otro es el de los estímulos a corto plazo sobre la demanda, que tanto parece repugnar a este Gobierno, aunque tanto Rajoy como De Guindos se han mostrado en diferentes ocasiones favorables a una estrategia monetaria más comprometida con los problemas económicos reales por parte del Banco Central Europeo. Su proclama a favor de los eurobonos está mucho más concebida como solución de emergencia a la crisis de la deuda soberana, que como un estímulo al consumo y a la inversión, y los bancos se han mostrado decididamente dispuestos a colaborar con la estrategia, sobre todo, tras la nueva ronda de liquidez a bajo coste que puso en marcha el Banco Central Europeo durante el verano de 2012. Han adquirido la mayor parte de los 120.000 millones de euros en que se ha incrementado la deuda pública a lo largo del último año. Bonos de elevada rentabilidad que inmediatamente se depositan como garantía en el propio BCE para acceder a nuevos préstamos baratos. Se conoce como carry-trade y entre sus consecuencias principales está la desatención del crédito a las empresas y las familias. Si a esto se añade el aumento de la presión fiscal (más de 30.000 millones de euros de recaudación por las subidas de impuestos impulsadas por este Gobierno), el descenso de los salarios, el precio de los suministros básicos, como la electricidad o la gasolina, la congelación de las pensiones, los nuevos recortes en el sueldo de funcionarios, etc.; hay que tener mucha imaginación para entender que éstos puedan ser los presupuestos de la recuperación.