CADA día que pasa es más ampliamente compartido que Europa ha ido demasiado lejos con las políticas de austeridad, pues la coincidencia de un bajo crecimiento de los países de la Eurozona ha provocado que la reducción del gasto público alimente una nueva recesión. En consecuencia, organismos económicos internacionales, analistas económicos y la inmensa mayoría de los ciudadanos están demandando una política expansiva del gasto público que nos aleje del riesgo de depresión. Pero el destinatario de esa demanda no puede ser el Gobierno de España por diversas razones: en primer lugar porque no es sostenible seguir financiando el gasto corriente con deuda pública; en segundo lugar, porque, si así se procediese, los costes de la deuda se encarecerían extraordinariamente; en tercer lugar, porque la velocidad de crecimiento de la deuda (la mayor de Europa) y el coste del servicio de la deuda nos ahogarían; y, en cuarto lugar, porque no podemos incumplir alegremente los compromisos de estabilidad con nuestros socios europeos. Por ello, es razonable retrasar el objetivo de reducción del déficit público, se puede pedir que países con superávit presupuestario o ligeros déficit apliquen políticas más expansivas, pero es inevitable proseguir en el proceso de consolidación presupuestaria.

Tanto o más necesario que mantener una política de ajustes es intensificar el proceso de reformas estructurales. Estas reformas son necesarias para mejorar la capacidad competitiva y flexibilizar nuestra economía en un entorno globalizado en el que se exige mayor capacidad adaptativa. En particular, las reformas deben estimular la competencia y hacer que prevalezcan los intereses generales sobre intereses particulares de sectores y colectivos que han aprovechado el marco institucional consolidando un statu quo privilegiado. Además, las reformas deben definir los contornos de un Estado de bienestar sostenible económicamente.

Ante este doble reto eran esperadas las decisiones del Consejo de Ministros del pasado viernes. La actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016 presenta un escenario macroeconómico para los próximos años mucho más restrictivo, pero consistente con las previsiones de los organismos internacionales: un descenso del PIB del 1,3% este año y una leve recuperación en 2014 y 2015. Unas previsiones realistas pero poco estimulantes, lo que exigirá del gobierno capacidad de comunicación y tiento político para que la frustración social no derive en algo peor, pues estas previsiones implican que se seguirá destruyendo empleo este año y el próximo, por lo que la reducción de la tasa de paro sólo se produciría por una reducción de la población activa. El escenario económico se completa con la previsión de reducción del déficit público a un ritmo más pausado (6,3% del PIB este año y 5,4% en 2014 para bajar del 3% en 2016), para lo que se aprueban algunos retoques fiscales (prórroga de un año de la subida del IRPF, reducción de desgravaciones del Impuesto de Sociedades para grandes empresas, subidas de la fiscalidad ambiental y sobre los depósitos bancarios) y mínimos ajustes del gasto.

Tanto las previsiones macroeconómicas como el nuevo calendario de consolidación presupuestaria han sido valorados como realistas tanto por analistas económicos, como por el FMI y la Comisión Europea. Menos entusiasmo despierta el nuevo plan de reformas por su falta de ambición (no se abordan reformas importantes como la de la Administración Pública), porque se duda de su cumplimiento (de las 72 reformas aprobadas en diciembre no se han iniciado ni de la mitad), porque muchas de ellas ya se han prometido con anterioridad e incluso existen proyectos en curso (creación de la autoridad fiscal independiente, ley del sector eléctrico, regulación de los servicios profesionales, ley de transparencia) y porque falta por conocer el contenido preciso de las reformas. No obstante deben anotarse algunas de las novedades más significativa como la Ley de Desindexación, una norma que servirá para desvincular precios públicos de la variación de la inflación, el compromiso de una nueva estrategia de empleo a partir de la evaluación de la reforma laboral o la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Más se esperaba de iniciativas para reactivar la actividad empresarial, pero las restricciones presupuestarias las ha limitado a iniciativas legales de escaso coste, tales como la creación de la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada, la enésima promesa de aceleración de los trámites para constituir una sociedad, el retraso del pago del IVA hasta el cobro de la factura, o las deducciones a la reinversión de beneficios y la inversión en I+D.

Habrá que esperar al desarrollo de las reformas enunciadas. Tal vez por eso, el portavoz de la Comisión Europea, que acogió positivamente el aplazamiento de la corrección del déficit excesivo a 2016, se limitó a decir que estudiarán las medidas más detalladamente. El 29 de mayo conoceremos su veredicto.