Crónica personal

Pilar / cernuda

La otra patada en la puerta

EN España conocemos las consecuencias de dar prioridad a una actuación policial de emergencia sin esperar a que llegue la autorización judicial: José Luis Corcuera dimitió como ministro del Interior cuando el Constitucional echó abajo el artículo de la ley del 92 que permitía a la Policía no esperar a la autorización judicial para irrumpir en el lugar del que existían pruebas de que se celebraba una reunión entre narcos. Aquella ley mal llamada de la patada en lapuerta no sólo cortó la trayectoria del ministro, sino que multitud de expertos en la lucha contra el narcotráfico la consideraban clave para detener a los delincuentes: los encuentros en los que intercambian y pagan la droga apenas duran unos minutos.

Mucho han cambiado las cosas por los avances tecnológicos y lo que pretende el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal es algo parecido a la ley Corcuera: que sólo en casos de emergencia, se puedan intervenir las comunicaciones de presuntos delincuentes sin que haya llegado la autorización judicial. Nada que ver con el gran hermano orwelliano que denuncia Pedro Sánchez, que quizá debería tener alguna reunión con los expertos que trabajan en la lucha contra la yihad, por ejemplo, además de quienes están en la persecución del narcotráfico, para que le expliquen sus fórmulas de trabajo, de captación de adeptos o de preparación de atentados. Los que se perpetran en Europa o EEUU se preparan en muy lejanos países asiáticos o africanos, y todas las instrucciones se hacen a través de los centenares de páginas web que los yihadistas han creado.

Entre los modos de las agencias de seguridad norteamericanas denunciadas por Snowden, que no dudaban en controlar llamadas personales de los más importantes dirigentes internacionales, y lo que pretende el nuevo proyecto de ley, hay un trecho considerable. El respeto a la legalidad es obligado, pero eso no incluye que ante una emergencia extrema haya que aguardar a que un juez sea localizado, se le informe para que acceda a autorizar la intervención, haga las preguntas antes de emitir la orden y finalmente acceda a firmarla. Minutos preciosos, a veces horas, que echan por tierra una operación en la que a menudo se juega con la vida de las personas. Es la razón de que el CNI cuente desde hace años con un juez adscrito a su centro.

Una última reflexión: los "malos" no esperan que un juez les autorice a controlar comunicaciones. Sus expertos entran en nuestros ordenadores y nuestros teléfonos. Lo que nos convierte en objetivos absolutamente vulnerables.

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