La lección principal de estas elecciones autonómicas vascas y gallegas no es la convulsa campaña, ni la trama de corrupción detectada en los aledaños del Partido Popular, ni la instrucción radiada por el entorno del juez Garzón; ni la torpeza del ministro de Justicia, que se va a cazar con el juez cuando ya se han producido las primeras detenciones; ni la impropia actitud del comisario jefe de la Policía Judicial, que coincide en la cena de esa cacería con el juez y Bermejo. No. Lo más destacado de estas elecciones es que España entera ha oído hablar de Galicia y el País Vasco. De su realidad, sus problemas y sus necesidades. Que todo el país sabe cosas buenas y malas que han hecho los gobernantes en estos territorios, que las televisiones nacionales han hecho reportajes sobre comarcas de las que no teníamos noticia, sobre iniciativas innovadoras, sobre sectores productivos de éxito, sobre capas sociales en dificultades. Los periódicos nos han hecho diagnósticos sobre los aciertos en el pasado y las posibilidades de futuro de estas regiones. En fin, que han aprovechado el foco para venderse en el conjunto de España.

¿Qué vale eso? Qué precio tendría una campaña sobre Andalucía con esta repercusión nacional. Porque, insisto, no se ha hablado sólo de partidos y dirigentes, también se ha hablado sobre gallegos y vascos: empresarios, trabajadores, científicos, artistas, deportistas, organizaciones sociales. Costaría un dinero una campaña así. Pero es gratis. Basta con convocar las elecciones autonómicas andaluzas separadas de las elecciones generales; o sea, lo contrario de lo que se ha hecho en esta región en las últimas cuatro ocasiones, 1996, 2000, 2004 y 2008. Eso es lo que hemos perdido, multiplicado por cuatro. Y eso que esta vez vascos y gallegos coinciden, y no las celebran solitario, privilegio que en España tienen Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, pero del que sólo esta región no hace uso. Nosotros solapamos nuestras elecciones regionales con que más polarizan la atención nacional, las legislativas, en las que se decide el Gobierno de la nación. En la campaña del año pasado, el moderador de una tertulia radiofónica nacional recomendó a sus oyentes que si se aburrían de la batalla entre Zapatero y Rajoy, se interesara por las primarias norteamericanas; el pulso cerrado entre Hillary y Obama. Ni se había enterado que también había una clandestina campaña electoral para el Parlamento andaluz.

Esta pertinaz coincidencia sólo se explica por dos motivos: la triple rentabilidad electoral para el Partido Socialista, y la escasa contestación social que tiene esta maniobra táctica. La rentabilidad es triple para los socialistas, dado su predominio regional, porque refuerza el voto de unas listas con otras, evita un riguroso examen de la gestión del Gobierno autónomo e impide saber qué grado de implicación tiene el electorado con una autonomía que ya tiene 27 años, pero no quiere correr el riesgo de medirse. En privado, dirigentes de los partidos coinciden en que la participación sería muy baja en unas elecciones separadas. Eso pondría en riesgo la hegemonía socialista, y más después de que varias de las encuestas publicadas ayer dieran por perdida la mayoría absoluta del PSOE.

Todas las encuestas suspenden a Gobierno y oposición, la crisis no ha hecho más que empezar, y hoy en Galicia el escenario político puede saltar por los aires. Si el PP pierde escaños, Rajoy se debilitará y ganará adeptos la idea de una refundación del partido. A lo mejor a Zapatero adelanta elecciones, y se deslocalizan las andaluzas. Pero también Feijóo puede sacar mayoría absoluta y el que entre en crisis sea el PSOE. El patio se pone emocionante.