Educación

Diego J. Geniz

En el patio de recreo

Patio de recreo de un colegio. Patio de recreo de un colegio.

Patio de recreo de un colegio. / D. S.

Hay polémicas infantiles que conviene ventear en momentos de debilidad. Sólo así se entiende que el Gobierno central vuelva a encender el debate sobre la enseñanza concertada y a colocarla en el punto de mira de quienes la desprecian con un argumentario que no pasa el filtro de la cordura. En un país azotado por los efectos de la pandemia, al Ejecutivo de Pedro Sánchez se le ocurre dejar fuera del reparto de los fondos para la reconstrucción a estos centros que integran la oferta de educación pública.

La decisión guarda la marca de los socios de gobierno, que, además de evidenciar sus fobias pueriles, demuestran bastante desconocimiento sobre la función social que prestan y han protagonizado los colegios concertados a lo largo de los últimos 30 años.

La educación concertada surge en un momento en el que España -­en aquellos tiempos en los que Felipe González aún se dejaba ver con cazadora de pana-­ necesitaba que la enseñanza obligatoria llegara a todas las capas sociales. La red de centros de titularidad pública estaba muy lejos de conseguir por sí sola dicho objetivo, convertido también en pilar de una democracia incipiente.

Aquella necesidad derivó en un logro muy beneficioso para la sociedad española de entonces y de ahora. Necesidad entendida por ambas partes. El Estado ­-y después las autonomías cuando fueron transferidas las competencias educativas-­ requería sumar esas plazas privadas a la oferta pública y los dueños de esos centros se libraban del gasto que supone el salario de los docentes (siempre menor que el de un funcionario) para sus maltrechas economías.

Los acuerdos han permitido que la enseñanza obligatoria llegue a zonas donde los colegios públicos no son suficientes, ya sea por motivos económicos (la concertación resulta más barata que la construcción de centros) o por falta de suelo (ejemplo claro es lo que ocurre en el casco antiguo de Sevilla o en Los Remedios).

No se justifica, por tanto, desde un punto de vista razonable la animadversión de ciertos sectores de la izquierda por excluir a la concertada del reparto de unas ayudas, que, por ahora, la Junta se verá obligada a financiar exclusivamente con sus arcas para que a estos colegios llegue la plantilla docente extra que permitirá el desdoble de grupos en septiembre.

Un posicionamiento que sólo se sustenta en el rechazo hacia los titulares de estos centros, la mayoría de ellos en manos de órdenes religiosas que desde hace décadas se han encargado de formar a nuevas generaciones de ciudadanos y hacerlo, además, en zonas deprimidas donde a ciertos trasnochados les provoca bastante escozor que la población compruebe la buena labor de estas compañías.

Cierto es que si un sistema de enseñanza cien por cien público garantizara el acceso universal a la educación, se podrían ahorrar esta perorata, pero hasta que se logre, cualquier perjuicio en la concertada resulta contraproducente. Hay peleas que se debieron quedar en el patio  de recreo. 

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