LA publicación del patrimonio de diputados y senadores se ha producido en el peor momento, cuando la crisis económica arrecia, miles de trabajadores se han encontrado sin empleo porque han cerrado miles de comercios tras las rebajas de verano, infinidad de empresas de otros sectores se han visto obligadas a abandonar su actividad, y encima el inicio del curso escolar obliga a las familias a un gasto que no siempre pueden asumir.

Saber que personas conocidas de la política tienen más o menos saneadas cuentas corrientes, viviendas en propiedad, acciones y planes de pensiones puede provocar, y con toda seguridad provoca, aún más animadversión hacia una clase política que en España sufre un desprestigio creciente que no siempre está justificado. Por ejemplo, la insistencia en presentar imágenes de las cámaras prácticamente vacías cuando se celebran debates abunda en la idea de la falta de interés de los diputados, cuando cualquiera que siga la actividad parlamentaria sabe que es mejor que los diputados trabajen en sus despachos siguiendo los debates por circuito cerrado, en lugar de perder el tiempo en el escaño escuchando un debate en el que no van a intervenir. Cuestión distinta es la de los senadores. Es evidente que la Cámara Alta no ha encontrado su sitio y el resultado del trabajo es irrelevante.

Dicho que el patrimonio de diputados y señorías se ha publicado en el peor momento, no se debe caer en la demagogia de hacer sangre de las viviendas o acciones que figuran en las listas de haberes. Lo que importa es si esas viviendas y haberes se han conseguido limpiamente. A través del trabajo, o porque se trata de bienes familiares, o un patrimonio logrado antes de la dedicación política o porque es patrimonio aportado por los cónyuges. Algunos políticos han tenido una actitud ejemplar y sin embargo se pueden ver crucificados por haber acumulado un patrimonio que podría parecer excesivo. Fraga, por ejemplo, renunció a su vivienda en Madrid, a la que tenía derecho de por vida como catedrático, y vive ahora en casa de una hija, y muchos de los diputados y senadores tendrían más patrimonio si hubieran ejercido sus profesiones de abogados, médicos, ingenieros, notarios o registradores. A lo largo de estos años se han conocido casos de profesionales de alta cualificación que abandonaron la política porque con el salario al que tenían derecho no podían mantener el nivel al que estaba acostumbrada su familia.

Con frecuencia se publican los datos sobre ministros, diputados y senadores, pero pocas veces se publican de otros altos cargos de la Administración autonómica y local. Y tendrían que conocerse, porque algunos de esos cargos reciben hoy una décima parte del salario que recibían cuando se dedicaban a la actividad privada.