IGNORO, porque soy lego en cuestiones administrativistas, si la Universidad de Sevilla se equivocó o incluso si actuó de forma irregular al instruir el expediente para adjudicar las obras del Centro de Transferencia e Investigación de la Isla de la Cartuja, cuando era vicerrector de Infraestructuras el hoy consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano. Lo que sí parece claro es que la Universidad realizó una interpretación de la Ley de Contratos del Sector Público con la que el Colegio de Arquitectos de Sevilla no estuvo de acuerdo. Al considerar conculcados sus derechos, el colegio acudió a los tribunales para defender legítimamente los intereses del colectivo profesional que representa. Hasta ahí lo que ocurre todos los días en las complicadas relaciones entre la Administración y los ciudadanos, que ha dado lugar a una rama específica del derecho y una jurisdicción propia para resolver los inevitables litigios que se originan.

El problema surge cuando para plantear este tipo de contenciosos se recurre a la vía penal y se arman procesos políticos en los que se pone en juego el prestigio y la carrera de personas que han tenido quizás la mala ocurrencia de dejar por un tiempo de lado sus actividades profesionales para dedicarse a la cosa pública. Es justo lo que le ocurre en estos momentos al consejero de la Junta de Andalucía. No voy a poner la mano en el fuego por Ramírez de Arellano, sencillamente porque desconozco mucho más de lo que sé sobre su actuación en el equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla. Pero sí tengo claro que le asiste la presunción de inocencia y que de lo que se le exigen responsabilidades no tiene nada que ver ni con la corrupción política ni con el enriquecimiento personal ni con nada que se le parezca. Ello no impide que esté todos los días en los medios como si ya fuera culpable de horribles delitos que ensucian la vida pública y que ponen entredicho al Gobierno andaluz y a su presidenta.

El caso de Arellano es paradigmático de lo que está pasando en la vida política española, y de forma muy evidente en la andaluza: un abuso de la vía penal para asuntos que se tendrían que resolver en otras instancias, alentado de alguna forma por jueces y fiscales y que encuentra en los atestados de los servicios especializados de la Policía y la Guardia Civil la base para la imputación de auténticas ristras de delitos, ampliados y reiterados por el eco que estas actuaciones encuentra en los medios de comunicación.

La lucha contra la corrupción es una de la exigencias básicas de un sistema democrático y un Estado de Derecho debe contar con instrumentos para depurar de forma rápida y contundente las responsabilidades en las que se pudiera incurrir. Pero a la vista de lo que vemos todos los días cabe preguntarse si entre la permisividad de otros tiempos y el tono inquisitorial en el que se desarrolla nuestra vida pública no hay un término medio en el que los asuntos se puedan tratar con relativa normalidad. En este país tan dado a los pendulazos pasamos con una facilidad pasmosa del negro al blanco, y eso no sale gratis. Hay en la política y en los altos niveles de la función pública un ambiente de miedo que tiene, en la práctica, paralizada a la Administración. Lo de que aquí no se mueve un papel no vaya a ser que se termine haciendo el paseíllo a las puertas de un juzgado no es una caricatura ni una exageración. Lo saben los empresarios que buscan oportunidades de negocio en Andalucía y que han tenido que desistir ante el muro burocrático que se les ponía enfrente. Tan mala es la sensación de impunidad con la que se ha funcionado durante años como el encorsetamiento que lleva al bloqueo. No es cuestión de relajar controles, pero sí de ajustar el péndulo.