MÁS allá de las intenciones de voto y las estimaciones sobre los resultados electorales del 20-N, el Barómetro Joly correspondiente a octubre que hemos venido publicando es muy significativo en cuanto al estado de ánimo de los andaluces en la actual coyuntura. Un dato destaca por encima de todos: el 82,2% de los ciudadanos de esta comunidad autónoma perciben la situación económica como mala frente a sólo un 7,2% que la considera buena. Es una cifra apabullante y, lo que es peor, no ha parado de crecer desde octubre de 2008 cuando se registraron los primeros síntomas de la crisis. Entonces el porcentaje era del 58%. Solamente se encuentra un dato tan negativo en el momento en que, en 2010, Zapatero hizo público su programa de recortes sociales dictado por la Unión Europea, con la bajada de sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones, entre otros ajustes. La visión pesimista se acrecienta en el estrato de población comprendido entre los 18 y los 24 años, que suele pronunciarse en términos de mayor optimismo sobre la vida en general: el 91% estima mala la situación económica de la región. En resumidas cuentas, Andalucía está instalada en el pesimismo, a pesar de que el 60% se declara satisfecho con la vida en esta comunidad, lo que apunta a que otras consideraciones también influyen en el posicionamiento general, aparte de la percepción puramente económica. De todos modos, situarse en el pesimismo dice mucho sobre las perspectivas de la gente en una etapa en que está en juego el Gobierno de la nación y, sólo dentro de unos meses, el Gobierno de Andalucía. Quizás ello hace que la primera obligación de los gobernantes que van a ser elegidos sea devolver a los andaluces la confianza en su futuro, lo que sólo será posible con una política decidida y firme que afronte de raíz la solución a los problemas de carácter económico, especialmente el desempleo y el estancamiento. Todo un desafío para los que salgan elegidos en los dos procesos en marcha.