LA identidad de la gobernanza andaluza se fragua sobre derrotas en los tribunales. La campaña para renovar el Estatuto de Autonomía tenía como una de sus principales banderas la gestión del Guadalquivir, ambición tumbada por inconstitucional. La reforma de la Administración regional, pregonada desde el Consejo de Gobierno como una vía adecuada para mejorar la eficacia y el ahorro, es desautorizada una y otra vez en instancias judiciales. Y la defensa de la dignidad andaluza, ante la tremenda agresión medioambiental en la vega del Guadiamar por el vertido tóxico de la mina de Boliden en Aznalcóllar, es vapuleada tanto en el Tribunal Superior andaluz como en el Supremo. A los andaluces se les había prometido que la multinacional sueca pagaría la factura de todo el daño causado y de todo el despliegue que evitó el fin de Doñana como santuario de la naturaleza. Pues tampoco se sale con la suya en este tema, y otra vez la Junta tiene que plegar velas. En lugar de percibir una indemnización de 89 millones de euros, tiene que pagar 5.000 euros por las costas procesales y queda anulado judicialmente el acuerdo de Consejo de Gobierno que le endosaba a Boliden la factura de las consecuencias del vertido.

Años presumiendo de esgrimir su poder, en nombre de Andalucía, para hacer cumplir la máxima: Quien contamina, paga, y Boliden lleva 13 años yéndose de rositas de una negligencia alertada por ecologistas bien informados, a los que el Gobierno andaluz no hizo caso para evitar que se siguiera colmatando la balsa de residuos tóxicos. Perdió en los años noventa un tiempo muy valioso para prevenir antes que lamentarse, y en el siglo XXI le está haciendo perder el tiempo a los andaluces, pues el Supremo, en su sentencia, critica a la Junta por insistir en sus reclamaciones por una vía judicial inadecuada, en lugar de seguir el camino que el TSJA le señaló en 2004 después de enmendarle la plana.

La identidad andaluza no puede basarse en Tengas pleitos y los pierdas.