NO ha habido que esperar muchos días para que el mundo de la Justicia viva un nuevo episodio de tensión, esta vez a cuenta de la instrucción emanada en la Fiscalía General del Estado que da potestad a los fiscales para ordenar a la Policía Judicial la apertura de investigaciones aunque un juez tenga abierto un procedimiento por el mismo caso. Lo que a jueces, analistas y juristas en general les parece meridianamente claro en la Ley de Enjuiciamiento Criminal -"cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos"-, no lo parece tanto para el fiscal general, aun a sabiendas del revuelo que su instrucción ha provocado desde que trascendió a la opinión pública. La instrucción de la Fiscalía ha obrado el milagro de unir en su contra a todas las asociaciones de la magistratura, que ven en la notificación de Conde Pumpido un primer paso para que la instrucción sea dirigida por los fiscales, pero sin cambiar la ley. Si bien otros países aplican ese sistema, en España se necesitaría un cambio de modelo que hoy por hoy está lejos de contar con consenso: la junta de Jueces Decanos se mostró recientemente en contra de tal cambio. Ahora, cuando significados magistrados de la Audiencia Nacional se han rebelado, alertando sobre la posible nulidad de las causas que siguieran este camino, el Consejo General del Poder Judicial se apresta a revisar el caso la próxima semana. Cuando aún no se han apagado los ecos de polémicas recientes entre el Supremo y el Constitucional, cuando el alto tribunal se divide en debates de tinte político, ese CGPJ que monolíticamente vota según las cuotas de su composición por extracción parlamentaria, el ciudadano no puede sino asistir estupefacto a esta pugna que añade un elemento más al deterioro de imagen de la Justicia, a fin de cuentas un servicio público que necesita la confianza de los administrados como herramienta básica de su funcionamiento.