EL año pasado, nuestro I Informe sobre la Infancia en Andalucía, alertaba de que más de 830.000 niños y niñas menores de 18 años se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestra región, según la tasa Arope1. Este índice de medición europeo da un contenido multidimensional al concepto de pobreza y exclusión, agrupando tres indicadores: riesgo de pobreza, hogares con baja intensidad en el empleo y privación material severa.

Un año después, los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2015 reducen el porcentaje hasta el 48,1%, tres puntos menos que en 2014, pero muy por encima de la media nacional, del 34,4%. Es positivo que hayamos roto la tendencia al alza, que se mantenía desde 2012, y que unos 50.000 niños y niñas andaluces hayan salido de la franja de riesgo de pobreza y exclusión. Celebramos este avance, pero es preocupante que nuestra región siga teniendo porcentajes tan altos, que, más allá de una cifra, son el rostro de más de 730.000 niños y niñas, y que nos sitúan como penúltima comunidad de este ranking, sólo por delante de Ceuta.

Estar en riesgo de pobreza en Andalucía es vivir en un hogar con unos ingresos inferiores a la media, situación que afecta al 44,6% de nuestra infancia. Es vivir en un hogar en el que los miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo y, ahí, Andalucía presenta los peores porcentajes de nuestro país. Es vivir en un hogar que no puede afrontar puntualmente el pago del alquiler o la hipoteca, mantener la vivienda con una temperatura adecuada, hacer frente a gastos imprevistos, o permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días, o ir de vacaciones al menos una semana al año, tener una lavadora, una televisión, un teléfono…

Desde el 7 de junio, Andalucía cuenta con el II Plan de Infancia y Adolescencia 2016-20, instrumento estratégico para las políticas de infancia y familia que Unicef y otras organizaciones demandaban desde 2007. Un plan que se ha estructurado en función de cuatro ámbitos: salud, protección (donde se incluyen medidas contra la pobreza y la exclusión), educación, participación y transversalidad. Se ha realizado un importante esfuerzo de sistematización que proporciona una hoja de ruta clara de lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y cuándo.

Nos merece una valoración positiva que se haya incluido la participación de los niños y las niñas en su elaboración, aunque esta haya estado por debajo de lo que sería deseable. Destacamos la importancia que se otorga al territorio y a lo local, y esperamos que nuestros municipios puedan contar efectivamente con todos los instrumentos necesarios para cumplir el papel que les corresponde.

Para garantizar los derechos de los niños y niñas andaluces es necesario invertir en ellos. Por eso nos preocupa que este plan sólo tenga presupuesto para los dos primeros años, sin previsión o estimación para los siguientes. Sin inversión continua no puede haber políticas a medio y largo plazo, políticas y estrategias que salvaguarden esos derechos y oportunidades.

La estrategia de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social que contempla el plan debe dotarse de una mayor profundidad. Quizás se entienda que este objetivo recae sobre la Alianza Andaluza contra la Pobreza Infantil, impulsada por el Gobierno andaluz el 25 de junio del pasado año con la participación de corporaciones locales y agentes sociales y económicos (entre ellos Unicef). Esta acción colectiva no es óbice para que sea la Administración la que asuma su papel de liderazgo, como responsable de la implementación de las políticas públicas.

Tenemos por delante muchos retos: la pobreza y la exclusión social que sufre nuestra infancia, las desigualdades que esto supone y el aumento de la brecha que separa a los niños más vulnerables del resto. Miles de niños y niñas andaluces ven obstaculizado el disfrute de sus derechos y no les afecta sólo a ellos, sino también a los niveles de bienestar y cohesión social de la sociedad andaluza en su conjunto. No hay posibilidad de cumplir los derechos de la infancia, el acceso a la salud, a la educación y a la protección, si no hay un esfuerzo decidido de todos. Hacer frente a las desigualdades que afectan a nuestros niños y niñas debe ser una pieza clave en todas las políticas relacionadas con la infancia y su bienestar. Todavía queda mucho por hacer.