LA Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados acordó el otro día que si los padres de un recién nacido no se ponen de acuerdo en el orden de los apellidos que debe llevar el niño serán los responsables del Registro Civil los que decidan a su libre criterio.

El portavoz socialista en la comisión, Julio Villarrubia, se enorgulleció de la medida, considerándola nada menos que "un importante avance en materia de igualdad de género, al suprimir la regla subsidiaria que confiere prevalencia al apellido paterno en caso de que no haya acuerdo". No se puede ser más rimbombante para decir una cosa más nimia ni más enfático para defender algo más discutible.

Lo primero que habría que preguntar a los diputados es a cuántas parejas conocen que hayan tenido ese problema de desacuerdo a la hora de inscribir a su hijo en el Registro Civil, no vaya a ser que se estén dedicando a legislar sobre una materia que no hace ninguna falta. Las tradiciones varían de un país a otro. En España la costumbre es que el primer apellido sea el del padre y el segundo el de la madre, pero a estas alturas tampoco creo que eso refleje exactamente la subordinación de ésta a aquél. Un muy escaso porcentaje de progenitores discute sobre el orden de los apellidos y llega al Registro sin haberlo pactado.

Pero, vale, aceptemos pulpo como animal de compañía. Aceptemos que se haga ingeniería jurídica para contemplar un problema social insignificante y darle salida. Ahora bien, ¿qué salida? Hace meses el PSOE propuso que, en caso de desacuerdo, se inscribiese el niño según el orden alfabético de los apellidos de los padres. Los republicanos catalanes, por su parte, creyeron más conveniente que la preferencia de uno u otro apellido se determinase por sorteo.

Son dos métodos arbitrarios, pero inofensivos. El que ha salido adelante, en cambio, es igual de arbitrario y, además, artificioso e injustificado. Qué culpa tiene el funcionario, que está tranquilo en su faena, para que venga el Congreso y le obligue a dictar cómo deben figurar los apellidos. Le endosan una decisión que no le corresponde y, además, le dicen que lo haga según su criterio personal "atendiendo al interés superior del menor". ¿Cómo conocerá el funcionario cuál es el interés del menor? ¿Aceptamos que si el funcionario es machista pondrá primero el apellido del padre y después el de la madre y si es feminista procederá a la inversa? ¿Qué pasa si la criatura procede de una pareja de homosexuales o de lesbianas? ¿Les preguntará quién hace de padre y quién de madre en la intimidad?

Esto es una disparate, se mire como se mire.