LA imputación de la infanta doña Cristina, por presunta colaboración necesaria en las actividades de su marido, ha dado lugar a un escenario insólito, no ya en España, sino en la historia de las monarquías europeas. La decisión del juez Castro llega en un momento muy difícil para la Casa Real, y se añade a otra serie de asuntos, relacionados con la corrupción que, en su conjunto, está afectando a la credibilidad interna de nuestro entramado institucional y también, como bien ha sabido reconocer el propio ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo, deteriora la imagen de España en el exterior. Como muestra tenemos el titular del periódico Le Monde, publicado el viernes pasado: "La Monarquía española, en plena tormenta".

Pero, siendo esto cierto, también lo es, aunque con consecuencias absolutamente distintas, que lo que ha hecho el juez Castro, e incluso la postura del fiscal Horrach, presentando recurso contra el auto de imputación, vienen a confirmar que en España la Justicia intenta ser igual para todos, es decir, que el sistema funciona con garantías razonables. Cierto es que luego, en temas prácticos, no todos somos iguales, porque no es lo mismo que te defienda, como en el caso de la Infanta, Miguel Roca, uno de los padres de la Constitución, que un abogado de oficio. Pero ése es otro tema.

Lo que sorprende es que habiendo escuchado este mismo argumento, es decir, el de la demostración de imparcialidad de nuestro sistema judicial, en boca de Elena Valenciano, número dos del PSOE a nivel nacional, su homólogo en Andalucía, Mario Jiménez, en el transcurso de la sesión parlamentaria en la que compareció Griñán, para intentar explicar el asunto de los ERE, llegase a acusar, con más o menos claridad, a la juez Mercedes Alaya, de motivaciones políticas y supuestas connivencias con el PP -apuntando a la condición de juez de Juan Ignacio Zoido- a la hora de encauzar la instrucción judicial sobre la utilización fraudulenta de esos fondos.

Según esto, lo que hace el juez Castro consolida la confianza en nuestro sistema judicial y en quienes, como son los jueces y los fiscales, personalizan dicho sistema. Sin embargo, lo que hace la juez Alaya significa todo lo contrario, o sea, que pone en entredicho la independencia y la imparcialidad de la judicatura o, cuando menos, la de esta juez en concreto. Por supuesto que no nos pilla de sorpresa la doble vara de medir, pero siempre podemos aspirar a un poquito de coherencia.