La Delegación del Gobierno en Andalucía ha anunciado un "plan de choque", en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Seprona y responsables de Minas, contra los pozos ilegales, cuyo número se desconoce, aunque de mil inspecciones que se hicieron en 2018, el 65,6% derivó en expedientes sancionadores.

La iniciativa se toma después de que en uno de ellos muriera Julen, en un terreno propiedad de un amigo de la familia del niño, que descarga la responsabilidad por la falta de permisos en el pocero. Ha explicado que tiene una hija de dos años, que no fue consciente de que algo así podía ocurrir y su desazón es creíble. Todo está en manos de la Justicia, por aquello de que el desconocimiento de la norma no exime de cumplirla ni de las consecuencias que se derivan de no haberlo hecho.

El caso, más allá de la fatalidad, ha puesto de relieve otro pozo simbólico pero extendido: el de todo lo que queda por avanzar en la responsabilidad individual de los ciudadanos de a pie y sensatos. Porque no debería ser necesario pensar que ponemos en peligro a alguien para actuar conforme a las normas, aunque no nos gusten y exijamos por ello mejorarlas. Demasiadas veces nos escudamos en que la mayoría lo hace así y no pasa nada, en que sólo es burocracia.

Ahora que se reclama a las autoridades y a los municipios que actúen en este aspecto -como en otros que van saltando a primer plano-, hay que preguntarse si es madura una sociedad que necesita de ese tutelaje y si debe ser el objetivo de una Administración, que queremos ágil y centrada en lo importante. Todo ocurre cuando una búsqueda en Google puede orientarnos sobre cómo se tienen que hacer las cosas, qué se necesita para abrir un pozo, cuándo se puede construir en suelo rústico o en otros, sabemos que hay que hacerlo con permisos. La Administración debe ser clara, equitativa con todos y no hacer de los trámites el modo de financiarse. Pero hace falta algo más.

Hay ejemplos más cotidianos en los que se refleja esa falta de responsabilidad individual y seguro que todos los encontraríamos en nuestro comportamiento si somos sinceros. Basta con dar un paseo por la ciudad o cualquier municipio para comprobar cómo tantas veces hay que sortear muebles y electrodomésticos junto a contenedores, a pesar de que los ayuntamientos difunden los días de recogida de enseres, se puede avisar para que se retiren y hay puntos limpios para depositarlos. Es simple. Probablemente, quien los deja porque le vino bien sea un buen vecino, que se indignaría si le multan, pensando que hay cosas más graves, que no es un delito.

En las comunidades de vecinos de Facebook se cuelgan muchas fotos con cosas de este tipo, ahora también de pozos en mal estado. Se encabezan a veces con el epígrafe "A quien corresponda". Y corresponde en parte a la Administración, pero también a cada uno de nosotros y a una educación cívica que no acabamos de interiorizar para actuar conforme a la misma, incluso cuando creemos que nadie nos ve, ni arriesgamos vidas. Mientras, los "planes de choque" sólo son un parche.