EL Tribunal Constitucional tomó en la noche del pasado lunes una decisión sin precedentes. Por primera vez, la corte de garantías adoptó una resolución que ha impedido la votación, y en su caso la aprobación, de dos enmiendas coladas de matute en la tramitación de la Proposición de Ley que ayer quedó aprobada definitivamente en las Cortes: desaparece la sedición como delito y se reforma el de malversación para que no afecte a los políticos o altos cargos que desviaron dinero para financiar un acto ilegal, las votaciones ilícitas del 1-O de 2017. Me niego a llamarlo referéndum. Le da un halo de legitimidad que no tiene ni merece.

El Tribunal, apoyado en la mayoría de sus once miembros, decidió dar amparo a los diputados del PP que pidieron una medida cautelarísima: que no se votasen dos enmiendas que cambian nada menos y nada más que la forma de elegir a los integrantes del propio Constitucional y de renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Nunca se había dado esta situación. Es cierto. Pero no lo es menos que tampoco nunca un Gobierno, o los grupos que lo sostienen, para ser precisos, se habían atrevido a usar como vía de modificación de dos leyes orgánicas cruciales en la arquitectura del Estado unas enmiendas. Esto es, hurtando el debate necesario y la confección de informes preceptivos.

En derecho no se aplica la propiedad conmutativa: el orden de los factores sí altera el resultado. La situación de tensión entre instituciones la ha creado el bloque mayoritario que sostiene al Gobierno, que no le ha bastado con eliminar el delito que protege al Estado de un ataque cometido contra su esencia sin que medie violencia o con pactar la condena con los delincuentes –lo que les abre la puerta a la reincidencia–, Sánchez y sus socios han llevado al límite a las instituciones. Y eso sí que no tiene precedente.

Incapaz de pactar, y por tanto de ceder en parte, Pedro Sánchez ha querido imponer la renovación del Constitucional y del CGPJ para situar a afines. ¿Existe precedente de que un Gobierno presente como candidato a un reciente ex ministro y a una ex alto cargo de Presidencia como magistrados del Constitucional? Claro que no. Y todo ello, eliminando las mayorías cualitativas que el constituyente pensó para evitar esas imposiciones y forzar el pacto parlamentario.

Esta decisión del Tribunal sin precedentes no pone en riesgo la democracia ni enmudece a las Cortes. Al contrario, es la confirmación de que las instituciones funcionan y cuando uno de los poderes, el Ejecutivo, quiere someter a los otros dos se le frena en seco. Una derrota sin precedente para Sánchez, una victoria sin parangón para el sistema democrático.